Existe una tendencia, ya anclada en el ánimo de los políticos y parte de la ciudadanía, en considerar que un agente del orden o de seguridad, sea guardia civil, policía nacional e incluso local, está exento de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones en la medida en que ninguna de sus actuaciones supondría, en principio, una vulneración de la legalidad vigente.
En otras palabras, que un agente del orden nunca puede cometer un acto ilegal porque se supone que están para velar, precisamente, por el cumplimiento de esa legalidad.
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen continuamente es si un uniforme puede llegar a amparar un acto ilegal. Y es una cuestión pertinente en la medida en que en los últimos años se han producido acciones de una dudosa legalidad en las fronteras de Melilla y Ceuta, en concreto en las vallas, circunstancia que ha supuesto la imputación de numerosos agentes del orden e incluso oficiales de estos cuerpos, en concreto de la guardia civil, por esos actos, insisto, supuestamente ilegales. Cuestiones como si una orden operativa puede vulnerar el principio de seguridad jurídica han sido puestas sobre la mesa en un auto judicial dictado en Melilla contra un alto mando de la guardia civil. En Ceuta están imputados varios agentes por una supuesta negligencia que habría causado un homicidio imprudente de varios inmigrantes, el famoso caso de las pelotas de goma. Recientemente se ha imputado a otro grupo de agentes por actos de dudosa legalidad en las vallas de Melilla, al estimar que se han practicado supuestas devoluciones a Marruecos en contra de la legalidad vigente. Habrá que analizar en el juzgado si ello es así o no.
Es evidente que la situación en la que ejercen sus funciones los agentes del orden, en concreto la guardia civil, es penosa, en la medida en que no hay una legislación clara que ampare algunas de sus actuaciones. Ello es consecuencia directa de las políticas que desarrolla el Gobierno de turno, pues es este un tema polémico, como el de las expulsiones en caliente, que nadie ha querido legislar y cuando se ha hecho, como ahora el gobierno popular, llega tarde y se hace utilizando subterfugios legales, en vez de abordar directamente el asunto. ¿Qué puede hacerse por tanto para intentar solucionar el problema? Se me ocurren tres posibles soluciones. La primera, legislar, para que cada actuación de la guardia civil sea acorde con las normas aplicables al efecto. Esta es la solución deseada por todos. La segunda opción es esconder supuestos actos de ilegalidad para que ningún agente pueda ser acusado de haber violado una norma. Esta solución no es satisfactoria para nadie pues puede generar problemas legales. Una tercera opción es no realizar aquellas actuaciones que, en determinadas circunstancias y siempre que lo estime así el agente actuante, carezcan de cobertura legal clara. Esta última acción supondría para muchos agentes ser acusados de no realizar su trabajo, por tanto tampoco es satisfactoria aunque al menos, permitiría al agente no ser acusado de vulnerar algunas normas, no así el reglamento del cuerpo.
El presidente de la Ciudad acaba de decir que no se pueden dar “palos jurídicos” a la guardia civil porque si no, “estos bajaran los brazos en la frontera”. En realidad lo que no se puede hacer es tomar el pelo a todo el mundo. Si existiera una legislación clara, que no es el caso, a nadie se daría ningún palo jurídico. En el caso de que los agentes bajen los brazos, es decir, no hagan su trabajo, se les abre un expediente y si es el caso se les expulsa del cuerpo. Me temo que la sangre no llegará al río, nadie lo desea. En cualquier caso, las palabras del presidente, lejos de ayudar a solucionar el problema, suponen una contradicción más de los políticos ante el problema legal que existe en la gestión fronteriza.
