El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, dejó claro ayer que la orden de cese de actividad de las tres radios que están emitiendo actualmente sin licencia en Melilla es necesaria para que se cumpla con lo establecido en la Ley 7/2010, que regula la Comunicación Audiovisual en nuestro país. Una de las tres radios pirata es Vinilo FM, que pertenece al grupo de comunicación de Gaselec. Este grupo empresarial ha asegurado en los últimos días que el cierre de su cadena de radio es un ataque a la libertad de expresión. Imbroda lo desmintió ayer. “Esto no va contra la libertad de expresión. Favorece la democracia, la libertad, y la competencia legal, porque aquí estamos todos dentro de la Ley”, aseveró.
“La Ley es para todos. Algunos piensan que no, porque por mucho dinero que tú tengas, la Ley es para todos igual”, dijo en alusión al responsable del Grupo Gaselec, Gustavo Cabanillas, al que llamó más tarde “mecenas” del partido Populares en Libertad.
“No puedo montar una emisora de radio, decir todo lo que quiera e incluso hacer publicidad. La Ley me lo impide y estamos intentando que se cumpla la Ley”, insistió el presidente melillense, que aclaró que este tema no es de ahora, sino que empezó en verano, cuando la Ciudad Autónoma sacó a concurso tres frecuencias de radio para adjudicarlas.
Después de este procedimiento, el Estado hizo un barrido y detectó tres emisoras que estaban emitiendo ilegalmente en Melilla, una de la Iglesia Adventista, Onda Cósmica y Vinilo FM. El siguiente paso de la Ciudad Autónoma fue iniciar un expediente y enviar una comunicación oficial a las emisoras para informarles de su situación ilegal y la necesidad de que cesen sus emisiones.
El plazo para que cumplan la orden es de diez días a partir de su recepción. Si no cumplen, Imbroda avanzó ayer que se aplicará el régimen sancionador que establece la Ley 7/2010, que contempla una multa de entre 100.001 y 200.000 euros para las radios pirata, además de la necesidad de precintar los equipos.
Imbroda se mostró convencido de que esto les valdrá “una campaña más de difamación y descalificación”, pero reiteró que “lo único que la Ciudad Autónoma está haciendo es cumplir la Ley 7/2010”.
