La Ciudad Autónoma de Melilla lleva más de un año trabajando junto al Gobierno central para intentar acabar con uno de los grandes problemas que sufre nuestra ciudad desde hace meses, como es la presencia de tantos menores extranjeros no acompañados en las calles sin control de la Administración local, que es la que tiene su tutela (400 según la Asociación Unificada de Guardias Civiles). El Ejecutivo melillense pidió para ello una reforma de la Ley de Protección al Menor, cuyo proyecto acaba de ser publicado en el Boletín del Congreso, en el que las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta tendrán potestad para ajustarla a sus “condiciones particulares”. La clave está en la disposición final séptima del Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que el Gobierno ha remitido ya al Congreso de los Diputados y que fue publicado en el Boletín Oficial de esta institución el pasado 27 de febrero.
Esta disposición final séptima, ubicada en la última de las 54 páginas de las que consta este proyecto, se centra en el “Desarrollo reglamentario de las Ciudades de Ceuta y Melilla”, y dice textualmente que las dos Ciudades Autónomas, “en ejercicio de su potestad reglamentaria, podrán desarrollar el contenido de la presente ley de acuerdo con los criterios y circunstancias en ella contenidos, al objeto de ajustarlo a las condiciones particulares de estas, en desarrollo de su capacidad reglamentaria y dentro del alcance de la misma”.
En otras palabras, esto supone una “habilitación normativa” a las Ciudades de Ceuta y Melilla, que acogen a una importante cantidad de menores extranjeros no acompañados por su condición fronteriza con Marruecos y el anhelo de estos jóvenes por llegar a Europa de manera clandestina. Para intentar conseguirlo, tratan a diario de colarse en los barcos que van hacia la península, de ahí que no quieran quedarse en el centro de acogida y prefieran deambular por el centro y la zona de las escolleras. La Ciudad Autónoma insiste en que, tal y como está planteada la Ley del Menor actualmente, es imposible obligar a estos chicos a que se queden en los centros de acogida.
De ahí que el Gobierno haya accedido a introducir cambios en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, justificando que de esta manera se adaptan “los principios de actuación administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en España, tales como la situación de los menores extranjeros, los que son víctimas de violencia y la regulación de determinados derechos y deberes”.
Los menores extranjeros
Sobre los menores extranjeros no acompañados, el proyecto de Ley refuerza en el artículo 10 las medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de los menores y se establece un marco regulador adecuado de los relativos a los menores extranjeros, reconociendo sus derechos a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales.
Asimismo, se reconoce el derecho a obtener la preceptiva documentación de residencia a todos los menores extranjeros que estén tutelados por las entidades públicas una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. En el caso de Melilla, prácticamente todos los menores extranjeros son de Marruecos.
La nueva Ley destaca el principio de la prioridad de la familia de origen, “la Entidad Pública deberá elaborar un plan individual de protección en el que se incluirá un programa de reintegración familiar, cuando esta última sea posible”, apunta el proyecto de Ley, en el que “se prevé la reagrupación familiar de los menores extranjeros no acompañados”.
“Se procurará la búsqueda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su interés superior y no coloque al menor o a su familia en una situación que ponga en riesgo su seguridad”, apunta el proyecto de Ley, para la que se ha establecido un plazo de enmiendas de 15 días hábiles que terminará el 17 de marzo. Después empezará el debate para su aprobación y entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
