El sindicado CSI-CSIF salió ayer en defensa de los funcionarios de la Ciudad Autónoma por “el verdadero trauma” que están sufriendo tras la imputación de algunos de ellos a raíz de los procedimientos judiciales que hay abiertos en esta administración, dos de ellos relacionados con la contratación pública. Según explicó ayer el presidente del Sector de Administración Local de CSIF, Francisco Gómez, actualmente hay alrededor de una treintena de empleados públicos imputados “solo por cumplir sus obligaciones como profesionales, atendiendo en casi todas las ocasiones con órdenes superiores”. En palabras de Gómez, los funcionarios de la Ciudad Autónoma “están asustaditos por no querer hacer lo cotidiano que hacían ni firmar documentos”. Hace un par de semanas, el portavoz del Gobierno local ya advirtió de este temor en la plantilla de la Administración local ante el temor de los empleados públicos a verse imputados. Sin embargo, el responsable de CSIF en la Administración local fue más allá al asegurar que esta sensación de “indefensión” entre los funcionarios ha llevado a algunos a plantearse la necesidad de tener “un abogado cerca”.
“¿Qué va a pasar ahora? Tendrán que pedir todas las órdenes por escrito?”, se preguntó Francisco Gómez, que recordó que esta opción puede valer para quien esté en puestos de oficina, pero no para casos como los funcionarios de Policía Local o Bomberos, que deben cumplir órdenes inmediatas y urgentes por la propia naturaleza de los puestos que cubren.
Gómez, que también es presidente de la Junta de Personal de la Ciudad Autónoma, consideró que el problema está en el hecho de que se haya imputado a los empleados públicos en lugar de llamarlos a declarar, ya que de ese modo “la presunción de inocencia se convierte en una presunción de culpabilidad y tristemente el Pueblo te señala y sientes de forma injusta la consecuencia sobre tus hombros”.
El responsable del CSIF dejó claro que su sindicato “jamás defenderá a delincuentes, corruptos o culpables de delitos, pero cuando la Justicia los condene”. Sin embargo, lamentó que con estas imputaciones, los funcionarios ya están sufriendo una especie de condena social porque están “señalados”, más en una ciudad pequeña como Melilla. “Cuando salgan inocentes, nadie se acordará y dirán que es que se han escapado de milagro”, lamentó.
Toda esta situación ha provocado que algunos de los empleados públicos hayan incluso enfermado y otros, como el caso del anterior interventor, hayan decidido abandonar sus puestos de responsabilidad como consecuencia de estos procedimientos judiciales que están afectando a los funcionarios.
Por todo ello, CSIF está gestionando de forma urgente un seguro ante posibles expedientes disciplinarios sin coste para los afiliados y al que podrían acogerse también aquellos empleados públicos que no están vinculados a ningún sindicato. Este seguro ya estaba a disposición de los funcionarios anteriormente, aunque hasta ahora se llevaba a cabo solo para los policías locales por ser “los más proclives a tener altercados en la calle”.
Gómez dijo que en los 40 años que lleva como funcionario en Melilla nunca había una cosa así. En la misma línea, reconoció que le ha dado “mucha pena” ver cómo varios guardias civiles de la valla también han sido imputados cuando “no pueden negarse a desobedecer órdenes” debido al carácter militar de este cuerpo de seguridad.
