El ministro de Justicia, Rafael Catalá, justificó ayer que la imputación de responsables políticos no puede llevar aparejada “una tacha anticipada de culpabilidad” y, por tanto, no puede derivarse de ella una incompatibilidad para el desempeño de funciones profesionales públicas o privadas. De este modo, el ministro defendió que los políticos que estén en esa situación puedan ir en las listas electorales. Catalá se refirió expresamente al caso del presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, que tendrá que declarar como imputado el próximo día 11 en el Tribunal Supremo en relación con un presunto delito de prevaricación cometida al contratar un abogado con fondos públicos.
“El presidente de Melilla tiene que declarar en el Supremo la semana que viene, a lo mejor se archiva. ¿Por qué no va a ir en la lista si la causa que tiene se archiva?”, se preguntó el ministro.
“La mera imputación no debería significar la exclusión de responsabilidades públicas, porque hay imputaciones que se archivan y, por tanto, deberíamos hacer una reflexión sobre las consecuencias profesionales y personales que llevan consigo”, precisó. Catalá recordó que su ministerio promoverá una modificación del uso del término, que pasaría a definirse como “investigado”.
Las declaraciones del ministro de Justicia van en la línea de lo que han apuntado en los últimos días algunos dirigentes del PP nacional en defensa de Imbroda, entre ellos el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, que señaló que el Tribunal Supremo ha citado a declarar a Imbroda como imputado por una decisión “que tomó con todos los informes a favor”.
No obstante, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, rehusó ayer opinar sobre la citación de Imbroda en el Supremo, y sobre si, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, su compañero de partido debería dejar su cargo. Hernando no habló del presidente melillense y prefirió recalcar que él no pide la dimisión de los exmandatarios andaluces por su imputación, sino que la ha reclamado durante años por “lo que habían hecho” en la Junta de Andalucía y por sus “responsabilidades políticas”.
