Los beneficiarios de los alimentos que reparten entidades como Cruz Roja o la Federación Española de Bancos de Alimentos a partir de fondos europeos para personas vulnerables tendrán que probar con un informe de servicios sociales que realmente necesitan ese apoyo, así como participar en itinerarios de inclusión socio laboral o programas similares en su municipio.
A partir de ahora, por instrucción de la Comisión Europea, se impone la obligación de “garantizar que estos alimentos llegan a quienes lo necesitan” y que estas personas reciben además, otro tipo de atenciones, pues, como dijo el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, “no es solo dar asistencia sino todo un acompañamiento” a quienes están en riesgo o situación de pobreza.
Así, quienes se beneficien de estas ayudas tendrán que acreditar con un informe de servicios sociales que lo necesitan, requisito que pueden no exigir en otros programas de ayuda alimentaria no financiados directamente por la Unión Europea.
Además, los beneficiarios deberán tener información “sobre todos los recursos sociales que están a su disposición” y disponer de “medidas complementarias, a poder ser derivadas de los servicios sociales de su ayuntamiento” o participar “en un programa de inserción socio laboral”.
“Esto no es fácil de hacer. Lo hacen ya algunas comunidades autónomas y también Cruz Roja y los Bancos de Alimentos pero para implantarlo exige un elevado nivel de coordinación”, añadió el ministro de Sanidad.
