Los ocho guardias civiles imputados por su actuación en la valla en el salto a la valla el 15 de octubre (un comandante, un teniente y seis agentes) acudieron ayer a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2. El comandante Arturo Ortega, segundo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, estuvo con ellos desde primera hora de la mañana como muestra de apoyo del Cuerpo. Un respaldo que también llegó por parte de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que aseguró que los agentes imputados están confiados en que no han cometido “ningún tipo de delito” y que el uso de la fuerza que hicieron en la impermeabilización de la frontera fue, “como siempre”, proporcional. Mientras sus compañeros declaraban ante el juez, el subdelegado de APROGC en Melilla, Bernardino Pardo, lamentó que en otros lugares de España se pueda emplear el protocolo de resistencia pasiva y material antidisturbios y en Melilla no. “¿Por qué?”, quiso saber tras recordar que esos medios están avalados por el Estado y que la actuación que realizan los agentes en la valla es control de masas.
En este punto, subrayó el sinsentido que se puede llegar a dar si por una “curiosa circunstancia”, un subsahariano que salte la valla y sea trasladado a la península, decide participar en una manifestación donde la Policía utilice métodos para control de masas que en Melilla no se pueden emplear. “Las cosas como son, esto es una realidad”, apuntó Pardo.
En declaraciones a los periodistas, el responsable de APROGC aseguró que los guardias civiles están “indignados” por el hecho de que padres de familia que están cumpliendo con su obligación tengan que ir a declarar ante el juez, como ocurrió ayer. Según dijo, los imputados “lo están pasando mal” porque su situación está siendo “un calvario” hasta que “esto se aclare y salga a la luz”, aunque al mismo tiempo están confiados en que “no han cometido ningún tipo de delito”.
Pardo aseguró que la denuncia presentada por las ONG es “manifiestamente falsa”, ya que el vídeo que han presentado como prueba está incompleto. De hecho, afirmó que hay una grabación más amplia que así lo demuestra, por lo que instó al juez a que persiga de oficio las denuncias falsas, como solo puede hacer de oficio la autoridad judicial, ya que “en temas tan sensibles no podemos estar jugando”.
Otro de los puntos en los que incidió el número 2 de APROGC en Melilla es la necesidad de que se culmine de una vez por todas el Tratado de Readmisión entre España y Marruecos. En este sentido, explicó que quedan “pequeños flecos” a la espera de que se reúnan los ministros del Interior de ambos países, algo que en Melilla están “esperando y desesperando” para que eso ocurra. No en vano, recordó que Europa “alienta” a los países frontera para que firmen tratados de este tipo, ya que en la pirámide legal pesan más que una Ley Orgánica. Además, el tratado “no contempla asistencia letrada, se debe hacer por la vía de urgencia, de viva voz, por teléfono, fax y si fuera necesario, se librará un documento”.
Uso de la fuerza
Por último, Pardo defendió que el uso de la fuerza que hace la Guardia Civil en la valla siempre es proporcional para cumplir con su obligación, que es impermeabilizar las fronteras durante unos saltos que desde hace un tiempo “son muchísimo más violentos”. Como prueba, afirmó que las bajas por agresiones en la Guardia Civil de Melilla han aumentado un 220%. De hecho, entre los 8 guardias imputados hay dos que fueron heridos y volvieron a la valla. En aquel salto a la valla hubo 5 agentes y 5 subsaharianos heridos, además de un gendarme marroquí apuñalado.
