El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado vía libre este jueves a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana para su entrada en vigor definitiva, que emprende una reforma de la Ley de Extranjería por la que se regula la figura del rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, también denominadas devoluciones en caliente. El proyecto de ley ha contado con los votos a favor de PP y UPN, y el voto en contra del resto de grupos parlamentarios. Así, la Ley de Seguridad Ciudadana entrará en vigor el 1 de julio de 2015, salvo esta reforma de la Ley de Extranjería, de carácter orgánico y recogida en la disposición final primera, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En concreto, el pleno de la Cámara ha ratificado con los votos del PP las enmiendas presentadas en el Senado. Entre éstas, se encuentra esta reforma de la regulación de Extranjería explícita para el control de la frontera de Ceuta y Melilla y una de las que mayor polémica ha suscitado durante la tramitación de la Ley, que los grupos de la oposición se han comprometido a derogar en cuanto cambie la mayoría parlamentaria.
Esta medida fue incluida en primera instancia vía enmienda del PP, sin pasar por la consulta de los órganos consultivos. En el Senado se perfiló. El redactado final dice que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". También se especifica que "las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional".
El PP presentó en el Senado una nueva redacción de esta enmienda en la que se recogía expresamente que "el Ministerio del Interior aprobará un protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad en los perímetros fronterizos", sin embargo esta parte finalmente no ha sido incluida pese a que era una reclamación de ACNUR.
Fuentes 'populares' explicaron a Europa Press que la retirada de esa frase respondía a cuestiones técnicas dado que al tratarse de una Ley Orgánica no se podría desarrollar en el futuro reglamento. No obstante, las fuentes consultadas garantizaron que desde el Ministerio del Interior existía el compromiso de dotar a las fuerzas de seguridad de este protocolo de actuación.
Al día siguiente de su aprobación en el Senado, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, llamó a España a "reconsiderar" la legalización de las devoluciones en caliente porque a su juicio se quedaba "corta" a la hora de establecer "garantías claras" contra las expulsiones colectivas y fijar "salvaguardas adecuadas" para el derecho de solicitar asilo. En concreto, el texto ampara la devolución en caliente bajo la figura jurídica del "rechazo en frontera" y recoge que se hará "respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte". No incluye la obligación de redactar un protocolo para regular la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las vallas que estaba prevista y que tanto Muiznieks como el ACNUR venían recomendando.
Rechazo de la oposición
El rechazo a esta regulación, y la Ley de Seguridad Ciudadana es tal entre los grupos de la oposición, que durante el debate han reiterado su oposición a la misma y han manifestado su intención de derogar la ley en su conjunto en cuanto cambien las mayorías parlamentarias.
El diputado de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, dice que el PP “no se atrevió a ponerla en el proyecto de ley sino que vino a través de una enmienda el último día que se podía aprobar. A su juicio, las devoluciones en caliente también han sido ejercidas por gobiernos anteriores y cree que con la enmienda "no se soluciona nada". Es más, sostiene que con esta regulación específica para la gestión del control de las fronteras en Ceuta y Melilla España va a burlar los tratados internacionales que ha suscrito en la materia, recordando que cuando un inmigrante entra en territorio español tiene, entre otros puntos, derecho a una asistencia legal o a un intérprete.
Mientras, el socialista Nacho Sánchez Amor, creen que esta reforma en la Ley de Extranjería crea un "atajo" que complica la actual situación del control de la frontera de Ceuta y Melilla. Al mismo tiempo, considera que esta nueva figura "no cabe en el derecho internacional". "Dejamos a las fuerzas de seguridad al pie de los caballos con la redacción que se le ha dado", ha sentenciado.
Conrado Escobar, portavoz del PP en la materia, tras leer el redactado final de la enmienda, ha puesto en valor las oficinas de asilo puesta en marcha en Ceuta y Melilla que, según ha destacado, la ONU "ha valorado", insistiendo en que con esta medida sí se va a defender la frontera española con respeto a los derechos humanos.
Ministro del Interior
Al término del debate, Fernández Díaz ha agradecido la contribución de todos a esta ley y se ha mostrado convencido de que se verá que con la ley quedará garantizada la libertad, frente a la promesa de derogar la ley de la oposición. "No hay ningún estado del mundo que renuncie a proteger sus fronteras y respetando los derechos humanos. Ceuta y Melilla y en todo lugar y por eso en el Senado se incluyó garantía explícita a que el respeto a garantizar las fronteras con respeto a convenios de derechos humanos de los que España forma parte", ha agregado, resaltando el problema migratorio actual, y que esa zona forma parte también de la frontera europea.
A su vez, ha indicado que esta enmienda era necesaria para "garantizar a la Guardia Civil" la vigilancia de la frontera española en la zona y "con seguridad jurídica".
