El Pleno extraordinario que ayer celebró la Asamblea inauguró el debate con una propuesta para modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora del IPSI de Importación y gravámenes complementarios aplicables al tabaco, ciertos carburantes y combustibles. Se trata, según explicó el consejero de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, de modificaciones de carácter técnico para adaptarlas a su gestión informática. Pese a que el asunto solo estaba motivado por estos cambios técnicos, el debate se alargó porque el portavoz de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, se mostró en desacuerdo con cuestiones que, según le replicó más tarde Conesa, no se habían cambiado.
Concretamente, Liarte protestó porque en el artículo 38 de la ordenanza se habla de la devolución de mercancías y el plazo se restringe a un máximo de un año, algo que según el pepeelista es ilegal. Además, también criticó que la Ciudad Autónoma vaya a cobrar 30 euros por la tramitación del expediente de devolución y por la necesidad de que el contribuyente deposite un aval bancario en los días siguientes a la entrada de la mercancía.
“Ninguno de esos aspectos que ha citado Liarte ha variado una coma en la actual modificación respecto a la ordenanza. Los artículos sobre el plazo, la tasa y el aval están exactamente igual”, le respondió Conesa.
Sin embargo, Liarte volvió a insistir en el tema diciendo que el hecho de que no hayan cambiado no es obstáculo para “estar callado si uno es consciente de que algo está incorrecto, irregular o es una barbaridad”.
Conesa le replicó entonces que era “una pena” que el pepeelista no advirtiera al Gobierno de estos extremos mientras fue director general en anteriores legislaturas y, en cambio, sí lo haga ahora que está en la oposición.
El asunto salió adelante con los votos a favor del PP, la abstención de CPM y PSOE, y el voto en contra del PPL.
