El Gobierno de Venezuela presidido por el Sr. Maduro, heredero del Sr. Chávez, impide desde hace años el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los venezolanos, persigue a los políticos de la oposición, a los que encarcela arbitrariamente, sin garantías judiciales, y reprime, con violencia y muertes, a los ciudadanos que se manifiestan en contra del gobierno arbitrario.
Viven, por tanto, los demócratas venezolanos una gran desgracia en sus derechos y libertades. Han sido múltiples las críticas y condenas a esta situación realizadas por gobiernos demócratas, por movimientos de los derechos humanos, y por partidos políticos defensores de los valores de la libertad y derechos individuales. Hay dos iniciativas de condena, que deseamos produzcan efectos inmediatos y haga rectificar el antidemocrático comportamiento del gobierno del Sr. Maduro que, desde el poder, ha convertido la legalidad constitucional de Venezuela en una farsa, ha transformado las instituciones del Estado en mecanismos represores de los derechos reconocidos en la Constitución de Venezuela, y arrastrado al país a un régimen totalitario.
La primera condena ha sido la Declaración de Panamá de 9 de abril de 2015, firmada por más de 30 ex jefes de Estado y de gobierno de países iberoamericanos, entre los que están los ex presidentes españoles Srs. Aznar y González; la segunda condena ha sido la proposición no de Ley de Congreso de los Diputados de España, aprobada el 14-04-15 por gran mayoría parlamentaria, en la que pide la liberación de los dirigentes de la oposición detenidos injustamente por el gobierno de Venezuela o, en su caso, que se haga un juicio justo. En el debate del Congreso español sobre esta propuesta hubo una minoría que votó en contra de la condena de dicha represión.; el Sr. Tardá de Esquerra Republicana, dijo que no se puede condenar el comportamiento del gobierno venezolano porque surgió de unas elecciones democráticas y así lo legitima el pueblo venezolano. Evidentemente este Sr. no quiere saber que la democracia es algo más que la celebración formal de unas elecciones; en efecto, la democracia necesita unos elementos previos y posteriores al ejercicio libre del voto: seguridad jurídica, justicia independiente, efectiva libertad de expresión y de prensa y pluralismo real de los partidos políticos concurrentes, que no sea simple apariencia. El problema para los españoles es la gran influencia recíproca que tienen el gobierno venezolano y los promotores del partido político Podemos de España, que desde las instituciones, probablemente tratarán de imitar los métodos chavistas experimentados y denunciados.
La Declaración de Panamá sobre Venezuela nace de la preocupación que sienten sus firmantes, insignes personajes políticos, por el curso de los hechos que suponen una “grave alteración institucional, política, económica y social que afecta sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos”. Hace constar el documento un relato de los hechos que vale la pena leer: alude al concepto y al contenido de la democracia; dice: “La Democracia y su ejercicio efectivo consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, la elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia Gubernamentales tal y como consta en la Declaración de Santiago de Chile adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1959 y desarrollada en la Carta Democrática Interamericana de 2001”.
Ante este referente elemental de lo que es y debe ser la democracia, la declaración de Panamá denuncia los actos realizados por el gobierno actual de Venezuela que viola los derechos humanos y la legalidad vigente. Concretamente:
1. Exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre otros, del dirigente democrático Leopoldo López y los alcaldes A. Ledezma y D. Ceballos que están detenidos sin intervención judicial, en una prisión militar, por sus críticas políticas al comportamiento antidemocrático del gobierno del Sr. Maduro. La declaración denuncia la ausencia de independencia de la justicia, la persecución judicial de quienes expresan su opinión política opuesta a la acción del gobierno, con medios que incluyen actos de tortura y la existencia de grupos paraestatales en su ambiente de total impunidad.
2. Denuncia la censura impuesta sobre la prensa, la violencia y persecución contra periodistas y el cierre de medios de comunicación social independientes; de ahí ha resultado una hegemonía comunicacional del propio gobierno y la desaparición de garantías del derecho de libertad de expresión.
3. Ruptura del sistema de separación de poderes. El gobierno ha conseguido del Parlamento una “Ley habilitante” para legislar por vía de decreto sobre todas la materias de rango legal, incluso para establecer sanciones, incluidas las penales, sin sometimiento al procedimiento legal correspondiente y al control judicial.
4. Denuncia el derrumbe de la estructura democrática por efecto de la alteración constitucional y democrática en el plano económico y social, derivados de la corrupción existente. Asimismo el gobierno realiza un gasto desordenado con emisión continuada y masiva de moneda y dilapida la riqueza nacional. Estas circunstancias han llevado al país a una profunda recesión económica y galopante inflación que acentúa la pobreza, el desempleo y deteriora la calidad de vida de la población que no encuentra productos farmacéuticos ni de primera necesidad. El déficit presupuestario anual se acerca al 20% del PIB, lo que ha llevado la deuda pública a un nivel insostenible.
la Declaración de Panamá, como solución a esta situación caótica, propone la corrección de los desequilibrios económicos y constitucionales y sugiere la celebración inmediata de elecciones al Parlamento de Venezuela bajo la supervisión de observadores internacionales.
CONCLUSIÓN: El gobierno de Venezuela ha cometido y está cometiendo violaciones de los derechos humanos y ha encarcelado, arbitrariamente, a miembros de la oposición democrática. Esta situación de abuso de poder ha sido denunciada en la Declaración de Panamá de abril de 2015. Los chavistas del gobierno del Sr. Maduro han llegado al poder a través de unas elecciones libres, y, desde el poder, han cercenado los derechos y libertades de los ciudadanos y han sustituido el Estado de Derecho por un régimen autoritario, sin separación de poderes ni control judicial del gobierno. En España debemos aprender de esta tragedia porque los políticos de Podemos son amigos del gobierno venezolano y parecen admirar los métodos y objetivos relatados.
