El concurso para adjudicar la difusión de publicidad institucional de la Ciudad Autónoma en medios de prensa escrita sigue adelante con su tramitación después de que el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, haya tumbado el recurso presentado por Editores del Estrecho S.L., que edita El Faro de Melilla. Este organismo estatal ha levantado la suspensión cautelar que había sobre este concurso público, que cerrará el plazo para recibir ofertas el 30 de abril a las 13:00 horas. La Ciudad Autónoma publicó ayer la reanudación de este procedimiento administrativo y la resolución del recurso presentado por El Faro de Melilla, que había alegado para la suspensión que "los perjuicios que podrían derivarse" de este concurso eran "de difícil o imposible reparación".
Ayer, con la publicación de la resolución en la web institucional de la Ciudad Autónoma, se pudo conocer que el motivo de la disconformidad de El Faro se encontraba en la baremación de la difusión de los medios, que supone 40 puntos en la adjudicación. El resto se reparten entre la oferta económica (40 puntos) y la declaración de puestos de trabajo (20 puntos).
La difusión, por lo tanto, es una de las cuestiones clave que deciden el reparto de los tres lotes de los que consta este concurso sobre la publicidad institucional, uno de 216.000 euros (45% de la publicidad), otro de 192.000 euros (40%) y un tercero de 72.000 euros (15%).
El Faro de Melilla pretendía en su recurso que la medición de la difusión de los medios se realizara únicamente mediante la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y no se emplearan también "otros similares", como indican las bases. Según El Faro, eso conlleva "un grave agravio comparativo y una merma de los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia de licitadores".
Sin embargo, tanto la Ciudad Autónoma como el Tribunal Central de Recursos Contractuales piensan precisamente lo contrario, ya que ambas instituciones recuerdan que la OJD realiza auditorías con los medios que están suscritos o asociados a la misma a cambio de una contraprestación económica. "Obligar a los licitadores a que estuvieran en posesión de una auditoría realizada por la OJD pudiera ser un criterio excesivamente limitativo de la libre concurrencia", alegó la Ciudad Autónoma, recordando que la suscripción a la OJD es voluntaria.
Además, la Ciudad Autónoma también sostuvo que "limitar la posibilidad de valorar ofertas a aquellas empresas que formaran parte de la OJD podía traducirse en una restricción de la competencia totalmente improcedente". El Tribunal Central de Recursos Contractuales se mostró de acuerdo con esta apreciación, que se ajusta a la realidad si se tiene en cuenta que en la actualidad, el único periódico suscrito a la OJD es, precisamente, El Faro de Melilla. Según este Tribunal, el hecho de que la Ciudad Autónoma incluyera otras opciones de difusión "similares" a la OJD constituye "una prudente previsión que garantiza un mayor acceso a la licitación".
Descalificar al resto de medios
Con su alegación para que la OJD fuera el único instrumento válido para la medición de difusión, El Faro pretendía que el resto de periódicos fueran descalificados en el concurso de adjudicación ante la imposibilidad de que se baremara su audiencia al no estar adscritos a la OJD. Su intención, probablemente, era quedarse en exclusiva con la publicidad institucional de la Ciudad Autónoma a pesar de que no es, ni mucho menos, el periódico más leído de Melilla.
Así lo constata el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo dependiente del Ministerio de Presidencia en España, que barómetro tras barómetro constata la aplastante preferencia de los melillenses por el diario MELILLA HOY a la hora de informarse, muy por encima incluso de los medios nacionales. En el último estudio del CIS quedaba claro que por cada lector de El Faro y El Telegrama, hay 10 de MELILLA HOY, un resultado que también ofrecen encuestas de empresas privadas como las del SyM.
