La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y que entró ayer en vigor, parte del Plan de Regeneración Democrática que ha impulsado el Gobierno en su objetivo de luchar contra la corrupción y de restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y que entró ayer en vigor, parte del Plan de Regeneración Democrática que ha impulsado el Gobierno en su objetivo de luchar contra la corrupción y de restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Con esta nueva Ley, se establece como requisito previo al nombramiento de los altos cargos que estos demuestren su idoneidad, considerándolo un requisito comprobable y documentado al que pueden tener acceso los ciudadanos. El candidato, antes de ser nombrado por el Consejo de Ministros, deberá demostrar, por un lado, su honorabilidad y, por otro, su formación y experiencia técnica para el desempeño del cargo de que se trate. Además, se amplía el ámbito de aplicación de la norma extendiéndola a cargos del sector público empresarial.
Por otra parte, se imponen trabas en cuanto a la utilización de vehículos oficiales, gastos de representación y atención protocolarias. Además se prohíbe, con carácter general, la utilización de tarjetas de crédito.
Asimismo, se endurece el régimen de prevención de conflictos de intereses. Así, se establece, de forma clara e inequívoca, qué se entiende por conflictos de intereses y se establecen los mecanismos para detectarlos y prevenirlos, como son un régimen de abstención y de comunicación a la Oficina de Conflictos de Intereses, limitaciones en cuanto a la disposición de patrimonio en sociedades que pudieran tener relaciones contractuales con el sector público y restricciones que afectan a todos los altos cargos en cuanto a la gestión de activos financieros.
