El secretario general de CCOO de Instituciones Penitenciarias, Ángel Moreno, advirtió del "proceso de privatización" que están sufriendo las prisiones y es que según explicó el responsable "hay una intención política" de este Gobierno de "pasar de un modelo público actual, a un modelo privado o semiprivado más parecido a los modelos anglosajones". A su vez, el sindicato denunció el problema con la plantilla, que en Melilla se materializa en la “inestabilidad” de la mitad de la plantilla de mujeres y el déficit de las mismas en esta prisión. El secretario general de CCOO de Instituciones Penitenciarias, Ángel Moreno, denunció el proceso de “privatización” que están sufriendo la gestión de las prisiones. Esta transformación, según Moreno, se materializó en la modificación de la Ley de Seguridad Privada, con la que se posibilita "que la vigilancia exterior la lleven a cabo las empresas privadas, e incluso, que todas aquellas funciones encomendadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) puedan ser desempeñadas por vigilantes privados bajo la coordinación de las FCSE".
Por todo ello, el sindicato impulsó una plataforma para la defensa del modelo público de prisiones contando con los sindicatos CSIF y UGT, en el ámbito nacional y con otros sindicatos territoriales. No está en cambio, el sindicato Acaip por lo cual CCOO entiende que este sindicato está "defendiendo el modelo privatizador que nos está intentando imponer la propia administración".
Asimismo, el sindicato quiere paralizar este proceso de "privatización" de las prisiones como es en el caso de Melilla en el que ya la seguridad exterior está gestionada por EULEN, y por otro, que aumenten la oferta de empleo público ante el envejecimiento de la plantilla que se sitúa en una media de 55 años.
En concreto, Moreno apuntó que este proceso de "privatización" se encuentra en su segunda fase, que consiste en que "ya existen 67 centros penitenciarios donde las empresas privadas gestionan la vigilancia exterior”. Según contó, el Estado ha destinado "33 millones de euros para estas empresas que al final están haciendo las mismas cosas que ya están haciendo las FCSE o en su caso funciones subsidiarias", lo cual es un "despilfarro de dinero público".
"El Gobierno por un lado va cacareando la austeridad y por otro lado se dedica a generar espacios de negocios a empresas afines", criticó Moreno a la vez que incidió que en el caso además de la empresa EULEN "tiene contactos emocionales con una parte del PP, ya que parte de la familia de Jaime Mayor Oreja está en el Consejo de Administración".
Con todo ello, "se genera dinero con espacios públicos", y es que "al Estado le cuesta un trabajador privado unos 2.200 euros, cuando sus propios trabajadores no cobran más de 1.300, destinándose el superávit entre un trabajador y otro a beneficios para las diferentes empresas privadas".
Envejecimiento de la plantilla
Por otro lado, el sindicato defendió una ampliación de la oferta de empleo público en este ámbito ya que "tenemos un déficit estructural en todo el estado de aproximadamente 2.600 plazas y que se va aumentando cada año a causa de las jubilaciones que superan las 400 plazas sin ofertas de empleo a la vez". Sin embargo, Moreno reconoció que este año ha habido una oferta de empleo público de 320 plazas la cual calificó de "tufo electoral bastante claro". En total se trata de un 21 por ciento en el personal laboral, y de un 11 por ciento en los funcionarios, lo que produce que existan prisiones acabadas como la de Archidona (Málaga), Ceuta o Soria que no se han abierto, explicó el responsable sindical. Así, otro de los problemas que sufre el colectivo es el envejecimiento de la plantilla y es que a nivel general cerca del 39% supera los 50 años, esto supone "la imposibilidad de poder gestionar las instituciones penitenciarias en el largo plazo", alertó Moreno.
Menor déficit de funcionarios, mayor necesidad de mujeres
Por su parte, el responsable de instituciones penitenciarias de CCOO en Melilla, Óscar Tello, reconoció que "nos faltan menos funcionarios que en otros territorios donde el ratio por funcionario es mucho mayor que en la Ciudad". Y es que en Melilla existen unos 267 internos, con 44-55 internos por modulo, encontrándonos en el “doble de la capacidad ideal” aunque mejor que en años atrás donde se duplicaba las cifras actuales y existiendo un preso o dos por celda cuando antes eran cuatro.
En total existen unos 183 funcionarios, 13 personal laboral, así actualmente “estamos cubiertos para dar el servicio mínimo”, aseguró Tello.
El problema se encuentra en el caso de las mujeres funcionarias y es que a raíz, de 2007 salió la Ley de Igualdad que "iba a mejorar su situación igualando las condiciones con el resto de funcionarios, pero en la práctica han salido perjudicadas", y es que "cada vez que se va una mujer, la cubre un hombre porque hay menos plantilla de mujeres”. En concreto en Melilla había 16 funcionarias, pero ahora existen 13 plazas, de las que 7 tienen plaza fija, y 6 están desde hace seis años en comisión de servicio, renovando cada seis meses, lo cual les genera una "inestabilidad" continúa.
A estas funcionarias, se les renovó seis meses, pero ya han avisado que no hay disposición a renovar más. Por ello, y por las normas que exigen que tiene que haber al menos dos funcionarios de cada sexo en cada uno de los modulos por ello "la cobertura ideal son 16 para cubrir libranzas, bajas o cualquier contingencia que haya".
El endurecimiento del Código Penal
Otra de las cuestiones que el sindicato denunció fue la reforma del Código Penal con la que aumenta el reproche penal y que provoca que “haya más internos y durante más tiempo". Así, Moreno también criticó la figura de la prisión permanente revisable, que es "un eufemismo de la cadena perpetua y que introduce un nuevo elemento en el que habrá internos que estarán mucho tiempo en prisión sin expectativas a corto plazo", esto genera según el responsable sindical "problemas de los centros y dificultades a la hora de gestionar este perfil de internos".
Un protocolo de agresiones en el que “se aleja” a los funcionarios de prisión
Según los datos que dio Moreno el número de agresiones ha ido "aumentando exponencialmente en los últimos años", y si en 2012 sucedieron 348 agresiones, en 2013 fueron un total de 428, así como una tasa de siniestralidad mayor que la media de otros sectores. A esto se suma que actualmente se está negociando un protocolo de agresiones para todas las administraciones generales del estado donde "se intenta dejar fuera a los empleados públicos penitenciarios".
Por su parte, Tello indicó que las agresiones "son el día a día en Melilla y en el resto de prisiones", y si "tenemos menor plantilla, damos un servicio peor y no podemos controlar dichas agresiones". Por ello, Moreno aludió a que "si no tenemos gente suficiente, además de no poder desempeñar las funciones como la reinserción, tampoco se puede realizar las funciones de observación que nos sirven para prevenir que se generen conflictos en los centros".
Además, incluyó que el hecho de que los internos con “patologías bastante serias” entren en prisión suele en ocasiones provocar estos casos ya que los funcionarios “no tenemos la formación suficiente”, para este tipo de interinos.
Políticas de “criminalización” a los sindicatos
Por último, el sindicato mostró su rechazo a la "política de criminalización" por parte de la institución penitenciaria, ya que "se dedica a fiscalizar a los funcionarios y al personal laboral los permisos, horarios e incluso a utilizar la vía disciplinaria como medida de coerción para evitar que los trabajadores se cohesionen y sean capaces de defender el modelo público".
Asimismo, Moreno reivindicó el papel de los empleados públicos penitenciarios ya que es un servicio público más, aunque no tenga la misma repercusión que otros servicios públicos, pero “realizamos una función esencial que es la reinserción un función de carácter tanto social como económico", ya que "si se reinserta el interno, nos ahorramos un coste económico".
