Ni todos eran de Mali ni su expulsión a Marruecos se hizo con garantías. Esa es la conclusión a la que han llegado los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la devolución de 70 subsaharianos a Marruecos que llegaron en avalancha a esta ciudad autónoma.

La visita a Melilla que están llevando a cabo los representantes del ACNUR estos días ha sido reveladora porque, tras entrevistarse con varias instituciones y organizaciones no gubernamentales, han empezado a sospechar y a percartarse de ciertas irregularidades en la devolución de inmigrantes a Marruecos autorizada la semana pasada por el Gobierno español en virtud del convenio de readmisión que ambos países suscribieron en 1992.

El primer grupo elegido para efectuar esta devolución se encontraba en Melilla y, según anunció el ministro del Interior, José Antonio Alonso, lo integraban 70 subsaharianos procedentes de Mali que partieron de Melilla vía Málaga y de ahí a Algeciras para su devolución a Tánger.

Siete días más tarde, los representantes del ACNUR desplazados a Melilla han tenido constancia de que al menos cuatro de los 70 inmigrantes no eran de Mali sino de Costa de Marfil y tenían el deseo, y el derecho, de solicitar asilo, algo que no se les respetó. Además, en el grupo había otros dos subsaharianos de otra nacionalidad distinta a la maliense. La jefa de la Unidad de Protección Jurídica del ACNUR para España, Deborah Elizondo, manifestó su "preocupación" por este hecho ya que no comprenden cómo la asistencia letrada revisó los 70 expedientes de estos inmigrantes, resolviéndolos en unas horas con la firma autorizada por el juez.

Elizondo manifesto su temor a que el Gobierno español, "con el afán de aplicar las readmisiones", devuelva a Marruecos a subsaharianos "interesados en solicitar asilo en España que lo pueden hacer y no lo hacen porque se los llevan".

Defensor del Pueblo
Por su parte, la adjunta primera al Defensor del Pueblo, Maria Luisa Cava de Llano, desplazada a Melilla estos días también sospecha de la asistencia letrada a los inmigrantes.

Tras entrevistarse y obtener información de la Brigada de la Policía Nacional, Cava de Llano señaló ayer que le parecía "muy extraño" que "en apenas unas horas un letrado” hubiera asistido jurídicamente a 120 inmigrantes.
"Habrá habido presencia física pero no asistencia jurídica", dijo la representante del Defensor del Pueblo, añadiendo que esta institución estudiará "expediente por expediente".