La Autoridad Portuaria de Melilla está mostrando un informe sobre la viabilidad económica de su ampliación entre fondos especializados en infraestructuras, operadores de terminales y la industria naviera. Su intención es captar 200 millones de financiación privada, a cambio de concesiones, y convencer a Fomento para que respalde el proyecto, según publica la revista “Cinco Días”, en un reportaje de Javier Magariño del pasado día 22

El reportaje informa que los responsables del Puerto de Melilla están paseando un estudio de viabilidad sobre la ampliación de sus instalaciones en busca de atraer el interés de inversores privados y ganarse al Gobierno para que dé el visto bueno y aporte fondos públicos. Su oferta pasa por entregar concesiones de 35 años y el informe, firmado por la ingeniería Arup y la consultora Ocean Shipping Consultants, habla de rentabilidades medias -en el más pesimista de los escenarios- del 20%. "Tendremos el puerto más competitivo del Mediterráneo Occidental", aseguran Arturo Esteban y José Luis Almazán, presidente y director de Puerto de Melilla, respectivamente.

El proyecto que diseñó en 2007 la Autoridad Portuaria -en el marco del primer plan estratégico- se basa en ganarle 51 hectáreas de terreno al mar. Una actuación cuyo presupuesto alcanza 300 millones de euros, de los que aproximadamente 200 millones se han reservado al capital privado.

En la nueva zona se asentarán una terminal de contenedores con capacidad para dos millones de TEU, un área industrial, y se dejarían unas 12 hectáreas para la generación de energía. En este último caso la apuesta más clara es el desarrollo eólico, sin que se hayan descartado la opción fotovoltaica o la producción de biodiésel.
"La ampliación creará unos 5.700 empleos en una ciudad con 8.000 parados y que tiene en el puerto una de sus fuentes de riqueza.Necesitamos que Fomento sea sensible y agilice el plácet al plan director de infraestructuras que Melilla presentará en septiembre", comenta Arturo Esteban, presidente de Puerto de Melilla.

Su intención pasa por tener la bendición del Gobierno y el visado de la UE en materia de impacto ambiental para lanzar las obras a finales de 2010, con una previsión de ejecución de entre cuatro y cinco años.

Sobre la acogida que está teniendo el plan entre la comunidad financiera y la industria naviera, los directivos de la infraestructura aseguran contar ya con cinco cartas de intenciones: "Dos son de operadores y tres de fondos de inversión", argumenta Esteban, quien alude a un acuerdo de confidencialidad para mantener sus identidades en secreto.