José Manuel Sánchez Forner, secretario general del SUP, cuestionaba la legalidad de los procedimientos de expulsión de extranjeros que se practicaban en Melilla, hipótesis que, en su opinión, se veía respaldada al no figurar en las estadísticas que manejaba el Ministerio del Interior las numerosas detenciones que en este sentido se realizaban en la ciudad. Estaban a la espera de un informe jurídico del Colegio de Abogados de la ciudad para aclarar este asunto.
Bajo el lema “Por la libertad y el derecho de asociación” a “Plataforma 8 de mayo” celebraba una asamblea con la que cerrar las actividades en apoyo de Coproper (Pro Perjudicados por Luis Roldán) y del guardia civil agredido por un superior. Se demandaba el derecho de asociación para la Guardia Civil.
