La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha solicitado que se elabore “con carácter de urgencia” instrucciones dirigidas a los funcionarios policiales para una correcta aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que entra en vigor este jueves, y evitar “cualquier extralimitación”. Una de las recomendaciones de Becerril aluden al rechazo en frontera que establece la ley. En concreto, la Defensora del Pueblo pide que el rechazo de los inmigrantes respete la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la normativa internacional. En una nota de prensa, la Defensora del Pueblo plantea que siempre que se produzca un rechazo en frontera se dicte una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se puedan interponer contra ella.
En dicho procedimiento, Becerril indica que el extranjero deberá recibir información sobre protección internacional y se verificará la posibilidad de acogerse a ella, que no es menor de edad o posible víctima de trata de seres humanos. Múltiples ONG y partidos políticos han denunciado de manera reiterada que los rechazos en frontera en las fronteras de Ceuta y de Melilla se efectúan sin un mínimo de garantías, como reclama la Defensora del Pueblo.
Los rechazos en frontera aparecen en la disposición final primera de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, publicada el pasado 31 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor hoy. Es uno de los aspectos más polémicos de la denominada Ley Mordaza, justificado siempre por el Gobierno central debido al repunte de la presión sobre las vallas de Ceuta y Melilla.
Aquella situación motivó la reforma de la Ley de Extranjería, introducida mediante esta disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana. En dicha disposición se establece un “régimen especial” para Ceuta y Melilla, muy criticado por los grupos de la oposición, que han denunciado que supone una legalización de las denominadas devoluciones en caliente.
Según esta disposición, “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar ilegalmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. “En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”, apunta la disposición, que añade: “Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional”.
La Ley Mordaza
Pero la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que entra hoy en vigor, incluye otros aspectos que también han sido objeto de quejas, denuncias y protestas. La Defensora del Pueblo no ha recurrido esta norma, conocida como ‘Ley Mordaza’, ante el Tribunal Constitucional. Becerril explica su decisión porque lo han hecho ya varios grupos parlamentarios, pero recuerda que hasta que el Alto tribunal no se pronuncie, la ley se despliega en todos sus efectos.
Para impedir que la Policía se extralimite y garantizar el derecho fundamental a la intimidad, Becerril propone reforzar el “inmediato” control judicial y de la fiscalía sobre los registros corporales externos.
En relación con las sanciones económicas que pudieran imponerse por alteración del orden o del normal desarrollo de manifestaciones, recomienda su limitación a casos de especial gravedad.
La Institución también plantea que no se exija una autorización previa para la difusión de imágenes o datos personales o profesionales y sí sea necesaria autorización de un juez para retirar material informativo.
