Eran 19.500 millones de pesetas los que iban a llegar a Melilla procedentes de la Unión Europea, incluidos en los diferentes fondos de cohesión. Se trataba de una financiación a seis años que debía contar con el apoyo y participación de las administraciones central y local españolas. El representante del Ejecutivo de Aznar en Melilla, Arturo Esteban, era partidario de compartir inquietudes y coordinar esfuerzos inversores de manera que Melilla fuera la gran beneficiada de las ayudas de la Unión Europea.
Además, el presidente Imbroda, quería emprender negociaciones con el Gobierno Central para conseguir las competencias urbanísticas que de forma alegal, había asumido la Ciudad Autónoma, hasta la orden en contra establecida en la Ley de Acompañamiento.
