La medida podría traducirse en una reducción próxima al 40%, sobre la cifra que están pagando ahora los contribuyentes locales A raíz del conocimiento del contenido del Consejo de Gobierno celebrado ayer se pudo confirmar la noticia adelantada por MELILLA HOY, del nombramiento como presidente de la Autoridad Portuaria de Miguel Marín, a partir del próximo día 1 de septiembre.
Una decisión que a muchos no ha cogido de sorpresa ya que la rumorología apuntaba desde hace algún tiempo en este sentido. Se trata de una responsabilidad importante, la que va a recaer sobre el político melillense, en el marco del futuro económico de la ciudad por la magnitud y el volumen de negocios que generan las instalaciones portuarias en las ciudades costeras. Unas cuestiones, las de Puertos del Estado, dependientes del Ministerio de Fomento, y un área en la que Miguel Marín ya posee múltiples contactos tras su gestión al frente de la Consejería de Fomento a lo largo del último cuatrienio.
La noticia fue anunciada ayer por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, al término de la reunión del ejecutivo local en la que se trataron otros asuntos de interés para la ciudadanía, porque todo aquello que afecta a los bolsillos de los melillenses tiene su lógica y natural repercusión.
Lo cierto es que la buena noticia, en este caso, de una considerable reducción en el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, llegaba precedida de la descongelación de los sueldos de los funcionarios, la primera en cinco años, acompañada de la subida del 1% del sueldo en 2016 y de la devolución del 75% de la paga extra navideña que se les suprimió en 2012.
Cierto es que los nubarrones de la crisis comienzan lentamente a disiparse, aunque muy lejana todavía parece la llegada de brillantes rayos solares con carácter de permanencia. Pero no por ello hay que desdeñar esta nueva medida por la que los melillenses obtendrán un ahorro de unos 28,6 millones de euros entre 2015 y 2016, en base a la reforma fiscal del Gobierno y la bajada del IBI. La medida podría traducirse en una reducción próxima al 40%, sobre la cifra que están pagando ahora los contribuyentes locales. En definitiva más euros en los bolsillos de los ciudadanos que de esta forma podrían aumentar sus consumos, lo que a la postre redundaría en creación de empleo, algo de lo que está tan necesitada la ciudad.
