La norma que podría permitir instalarse en los territorios no peninsulares a otras operadoras eléctricas ha sido aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Según el Ministerio de Industria este real decreto pretende favorecer la competencia, reducir costes de generación de estos sistemas e incorporar señales de precio eficientes para que los consumidores puedan adaptar su comportamiento en función de los costes energéticos. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un real decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares y el régimen de funcionamiento de las centrales, fijando un mecanismo de despacho económico y técnico, según el Ministerio de Industria “más eficiente” para que permita garantizar suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables.
En una nota, el departamento del ramo apuntó a que son los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, los que presentan una serie de singularidades respecto al sistema peninsular, derivados de su reducido tamaño, características propias, reducidas economías de escala y en el aprovisionamiento de combustibles, que no permiten la creación de un mercado de generación como en el sistema peninsular.
Con esta ley, aseguran se determina la retribución de la actividad de producción en estos sistemas eléctricos, con el fin de “cubrir los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios homogéneos”. El ministerio explicó que el objetivo de este real decreto es reducir costes de generación en estos sistemas, favorecer la competencia e incorporar señales de precio eficientes para los consumidores.
Así, el régimen retributivo en estos territorios se basa en el establecimiento de instalaciones tipo y la fijación de los parámetros retributivos revisables cada 6 años, como en el resto de actividades. Según el departamento este régimen “favorecerá” el mantenimiento y renovación de las centrales, por parte de sus titulares, convirtiéndolo en un modelo que prima la eficiencia tecnológica y de gestión.
Asimismo, el nuevo régimen crea las condiciones para el aumento de la competencia, ya que establece un procedimiento en concurrencia competitiva para otorgar el régimen económico a nuevas instalaciones, quedando restringida la participación a aquellos grupos empresariales que tengan más de un 40 por ciento del mercado en esos sistemas.
Finalmente, el RD posibilitará dar señales eficientes de precio a los consumidores para que puedan adaptar su comportamiento en función de los costes energéticos en cada momento.
