El Gobierno no tiene previsto modificar el Real Decreto 1516/2007, por el que se rigen las líneas regulares marítimas de interés público. Ésta es la respuesta que el Ejecutivo central ofrece a una pregunta presentada en el Congreso por el diputado socialista Manuel Pezzi, que quería saber si sería posible declarar como servicio público la línea marítima que conecta desde verano de 2011 Melilla y Motril.
Según el Gobierno, no es necesaria la intervención de la Administración General del Estado en esta ruta, ya que “viene prestándose de manera satisfactoria en régimen de explotación libre”.
Esta respuesta no es nueva, es la que ha venido manteniendo el Ejecutivo central desde que empezaron a surgir con fuerza diferentes voces, políticas y empresariales, que desde Granada y Motril fundamentalmente exigían la declaración de servicio público de esta conexión marítima.
Desde la provincia de Granada sostenían esta petición al considerar que si la línea no está garantizada como servicio público, Motril podría sufrir un gran impacto económico debido a la fuente de ingresos que supone para el puerto y toda la comarca la marítima con Melilla desde su implantación en julio de 2011 por la Naviera Armas.
Hay que recordar que las reivindicaciones llegaron a ser tan fuertes a principios de 2015, que una plataforma política y empresarial de Motril interpuso varios recursos ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales y la Audiencia Nacional para intentar paralizar el contrato marítimo de las líneas que conectan Melilla con Málaga y Almería, lo que retrasó su adjudicación.
