El delegado del Gobierno, Manuel Céspedes, reiteraba el mensaje previamente transmitido a Ignacio Velázquez, presidente de la Ciudad Autónoma, según el cual la impugnación planteada al Reglamento Orgánico de la Asamblea de Melilla se debía exclusivamente a cuestiones técnico jurídicas que, según dijo, ya se habían empezado a discutir entre representantes de la Delegación y la Ciudad Autónoma, con el fin de no llegar los tribunales de Justicia. Céspedes consideraba que el equipo de gobierno, al contrario que lo apuntado por el PSOE local, no se precipitaba en el desarrollo autonómico.
El Consejo Sectorial del 0,7% aprobaba los proyectos a desarrollar en países del tercer mundo con dinero de la Ciudad Autónoma.
