Dentro de unos días el candidato propuesto por el Rey para ser investido Presidente del Gobierno, Sr. Sánchez, expondrá en el Pleno del Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara (art.99.2 CE).Un representante de cada grupo parlamentario podrá intervenir durante 30 minutos y el candidato podrá contestar e intervenir cuantas veces le parezca oportuno (art. 170 y ss del Reglamento del Congreso de 1982).
El candidato tendrá una gran oportunidad para defender el programa que haya pactado con los partidos de apoyo o coalición, dada la necesidad de acumular votos de diputados para alcanzar la mayoría absoluta o simple. Será un debate muy importante sobre el programa que, evidentemente, reflejará las ideas que quieran desarrollar, y cada grupo parlamentario invocará sus mejores argumentos a favor o en contra de la confianza solicitada por el candidato.
El candidato expondrá, lógicamente, las líneas generales de las ideas y de la política a seguir, pero en materia económica conviene que sea realista, se fundamente en la verdad de los datos y se atenga a los condicionantes de los presupuestos, ya que no se debe prometer la utopía, la ilusión carente de base, pues hay que respetar a los ciudadanos y, además, España, como miembro de la UE, tiene suscrito el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ha de cumplir y los presupuestos y sus desviaciones están sometidos a control de los técnicos europeos. En ocasiones se critican los ajustes presupuestarios como si se tratara de abuso de la Comisión Europea pero no puede olvidarse que se hace una política monetaria común.
En efecto, el punto de partida de la propuesta de investidura es básico pues, tanto el PSOE como Podemos y otros partidos de izquierda tienen entre sus particulares ideas el incremento del gasto público para ampliar el estado de bienestar; proclaman su pretensión de aumentar las pensiones, subsidios, ayudas y facilidades de subsistencia; pero todo debe cuantificarse porque, las medidas a adoptar se han de financiar con subida de impuestos o con la emisión de más deuda pública.
Otros partidos son más prudentes pues entienden que el estado de bienestar debe ser el que sea posible, teniendo presente que el presupuesto español es “casi” permanentemente deficitario, que la deuda pública viva es muy elevada y que la presión fiscal en España está en la media de los países de la OCDE (España 33,2% en 2015 y la OCDE 34,4%; pero UK 32,5% y USA 26%); este esfuerzo fiscal cabe decir que es excesivo pues los contribuyentes apenas consiguen ahorrar tras el consumo y la acción fiscal debe centrarse en combatir el fraude fiscal; además, la reforma pendiente es reducir el tamaño de las administraciones, gestionar mejor y, sobre todo, crear las condiciones para que nuestra economía siga creando empleo en el sector privado.
Por ello, no puede perder de vista el aspirante a Presidente del Gobierno, sea el candidato nominado u otro ulterior, que España tiene sus cuentas públicas deficitarias y que la Comisión Europea lo ha advertido reiteradamente . Son tres los temas que preocupan:
1º.- Primero, el déficit presupuestario de 2015 ha sido el 4,8% frente al objetivo pactado del 4,2% del PIB de España. Tanto el Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, como el Comisario de Economía, el francés Pierre Moscovici, están advirtiendo del déficit excesivo desde hace meses. Es más fácil comprender la dimensión de ese déficit del 4,8% llevando el porcentaje a términos monetarios; en euros, ese 4,8% de déficit anual, son 48.000 millones de euros de mayor gasto, frente a los ingresos públicos, realizado en 2015, que deben ser añadidos a la deuda pública preexistente.
La causa principal de este desfase proviene de diversas CCAA que no cumplen con los límites pues, el Estado y los Ayuntamientos cumplen suficientemente. El diario Expansión de 27-01-16 titulaba (pág. 20) “El agujero autonómico se agranda hasta los 10.000 millones por el descontrol de 2015”, y explicaba que el 0,7% de déficit autonómico previsto ha sido del 1,31%, es decir, casi el doble, habiendo alcanzado el mayor desvío en Cataluña con el 2,21% (desvío de 4.500 millones de euros adicionales). Como se ve no hay disciplina presupuestaria en España porque las Comunidades Autónomas, en general, incumplen lo ordenado; pero lo cierto es que el gobierno tampoco ha querido hacer cumplir la ley vigente de Estabilidad Presupuestaria.
2º.- El déficit presupuestario previsto para 2016 es del 2,80% del PIB según el presupuesto español, ya aprobado, ha sido criticado por los responsables europeos que lo califican de optimista y prevén que sea del 3,60% del PIB; eso significa que el déficit previsto de 28.000 millones de euros se incrementaría en otros 8.000 millones.
3º.- Porque el nivel de deuda pública de España, de 1 Billón de euros, es peligroso porque el, actualmente, bajísimo tipo de interés de la deuda pública puede subir por diversas circunstancias, interiores o exteriores. Así, debe considerarse que en breve plazo volverán las tensiones financieras y subirán los tipos de interés de la deuda lo que aumentará los costes financieros del servicio de la deuda (intereses a pagar). Basta pensar que la subida de un punto en el interés de la deuda pública en circulación equivale a un gasto adicional de 10.000 millones de euros anuales.
CONCLUSIÓN: El programa que presente al Pleno del Congreso el candidato a la investidura de Presidente del Gobierno debe ser responsable y reunir los requisitos de realismo económico y de realismo social. El realismo económico obliga a plantear un programa que se ajuste a la realidad económica presupuestaria del país y el realismo social ordena respetar la dignidad de los ciudadanos, evitando prometer lo que no se puede cumplir. La presión fiscal en España es muy elevada para los contribuyentes porque hay que recordar que hay un 20% de desempleo (que apenas aportan recursos y muchos reciben prestaciones), que son 13 millones las personas que reciben pensiones o subsidios y que –sólamente- son 18 millones los que soportan los presupuestos, vía impuestos y gastos sociales.
