Rachid Mohamed, el abogado melillense del despacho Lazaar, será el nuevo letrado de la defensa del empresario cántabro, Rufino Pereda a quien se le acusa de una de las estafas tecnológicas más importantes de los últimos tiempos, que algunos llegaron a comparar con los escándalos de Gescartera o Afinsa. El pasado lunes se presentaron nuevas pruebas en la Audiencia de Madrid, que exculpaban al empresario y por ello se suspendió la vista que finalmente se celebró el pasado viernes. La Audiencia de Madrid celebró este viernes el juicio contra Rufino Pereda y otros siete acusados por un presunto delito de estafa en la captación de fondos para sacar al mercado los teléfonos móviles de los clubes de la liga española. La Fiscalía pide penas que oscilan entre los tres y los seis años de prisión. Y es que según señalan algunos diarios nacionales se trata de una de las estafas tecnológicas más importantes de los últimos tiempos, que algunos llegaron a comparar con Afinsa o Gescartera.
Sin embargo, su defensa, el abogado melillense Rachid Mohamed, del despacho de abogados Lazaar, asegura que la sociedad del empresario -al que algún diario nacional ha llamado el 'Steve Jobs' cántabro- nunca nació con ánimo de estafa sino que se encontraba en fase de captación de capitales. En el escrito de acusación Pereda señala que los inversores privados confiaron en el proyecto y que el dinero se invirtió íntegramente en el desarrollo tecnológico, diseño y fabricación de los teléfonos móviles en un escenario adverso como la crisis que sacudió la economía mundial a partir del año 2008. Añaden, que ahora están en la siguiente fase que es la de la comercialización de los terminales, para lo que siguen en conversaciones con los clubes.
Y es que uno de los principales negocios que acreditan desde la defensa, con contratos originales, fue con diversos equipos de la liga española de fútbol como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, con el fin de fabricar y comercializar teléfonos móviles con su marca entre los años 2008 y 2010.
Por otro lado, el fiscal que "de común acuerdo y con ánimo de enriquecerse ilícitamente crearon un entramado societario promocionándose en el mercado de manera irreal y fingida".
De esta forma "captaron ilícitamente fondos de terceros" que la investigación cifra en 2,7 millones de euros para "explotar la telefonía móvil a un coste sensiblemente inferior al del resto de operadores", asegurando "falazmente" que tenían fábricas en el extranjero.
Los acusados, además, "exhibían signos externos de gran solvencia", viajando en aviones privados, alquilando oficinas en distintas capitales extranjeras o contratando trabajadores que no realizaban ninguna actividad.
Las acusaciones particulares, que ejercen varios inversores y empresas a las que no pagó por sus servicios, entre ellas tres líneas de alquiler de aerotaxis, sostienen que Pereda montó un entramado societario, al que llamó Grupo red Enlaza, del que colgaban 17 filiales, una por cada comunidad autónoma, fingidamente pionero en la tecnología de las comunicaciones para captar fondos de inversores y meterlos a su bolsillo.
