El pasado mes de diciembre fui nombrado Director del Gabinete Técnico Provincial de Seguridad e Higiene en el Trabajo en Melilla tras la presentación en un concurso abierto de libre designación, pasando por el proceso de selección correspondiente y una entrevista en Madrid en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El nombramiento se hizo efectivo en el BOE de 24 de diciembre de 2015. Unos días después, tras firmar el nombramiento, me incorporé al nuevo puesto a las ocho de la mañana del 4 de enero de 2016. Esa misma mañana, mientras organizaba el trabajo del Gabinete, recibí una llamada sobre las 13.00 horas desde el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ordenando que recogiera mis cosas, pues desde ese mismo momento cesaba en mis funciones como director.
Tan solo estuve unas horas ejerciendo como director de la unidad. El nombramiento, a pesar de haber sido publicado en el BOE, fue anulado con todas sus consecuencias. Como motivo de la anulación me informan de un error no achacable a mí, sino a la administración, tratándose de la falta de un documento a realizar por la Delegación de Gobierno que es perfectamente subsanable y que corresponde a la propia Delegación de Gobierno subsanar.
Llevo ejerciendo como funcionario 25 años, y tras una trayectoria limpia y varios procesos selectivos aprobados en la Administración del Estado, me siento con el derecho de optar a cualquier plaza en la que supere los requisitos, sin embargo ante lo extraño y lo excepcional de este caso, me surgen dudas sobre el comportamiento de la administración. En el ejercicio de mi libertad personal y haciendo uso de derechos constitucionales, he sido conocido activista social y político en la ciudad, y en las funciones que me han correspondido realizar en nombre de esas instituciones, la última en el partido Equo, he mantenido críticas y denuncias públicas a la labor de gobierno entre ellas la Delegación de Gobierno, críticas que por otro lado jamás me han llevado ante un juzgado a declarar.
La plaza en cuestión no ha vuelto a salir a concurso, con la consiguiente imposibilidad de volver a optar al puesto y con una unidad periférica del Estado completamente paralizada sin motivo alguno. No he podido encontrar otro caso donde se dé la situación de que un funcionario haya sido removido de su puesto el mismo día que comienza a trabajar, por tanto iniciaré el consiguiente procedimiento contencioso, para que sea un juez quien interprete el caso. Por otro lado e independientemente de procesos judiciales iniciaré una investigación ante el Gobierno para recabar más información que pueda arrojar luz sobre un caso tan excepcional como el que me ha ocurrido. Firmado: Manuel Soria (en la imagen durante las horas que estuvo como director del Gabinete Técnico)
