Los autores de esta denuncia falsa, y quienes la han aplaudido, deben saber que esto no va a quedar así porque está previsto que los perjudicados emprendan acciones para defenderse de este ataque. Entre ellos, Juan José Imbroda, por ser a quien iba dirigida la denuncia, pero también los medios de comunicación, a quienes se ha acusado de firmar convenios ilegales. El Alto Tribunal, ni más ni menos, lo ha desmentido, pero a pesar de la importancia de su auto judicial, el daño que se ha hecho de manera arbitraria y sin una base sólida no ha sido todavía reparado Los convenios entre la Ciudad Autónoma y los medios de comunicación de Melilla para la inserción de publicidad institucional son legales. En estas líneas lo hemos defendido siempre pero, desde ayer, este hecho está además respaldado por el Tribunal Supremo, que así lo dijo alto y claro en un auto de 13 folios en el que se plasma el sobreseimiento libre y archivo de la denuncia contra el presidente Juan José Imbroda por los convenios, acusándolo de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Una denuncia falsa, interpuesta por el exdiputado de PPL, Julio Liarte, y el abogado Emilio Bosch, que ha hecho mucho daño no solo a las empresas de comunicación intentando arrebatarles una parte de la publicidad que las sustentan, sino también a quienes las integran, que son decenas de trabajadores que luchan cada día por sacar adelante un sector de la economía local que también es importante y que permite que se cumpla, no lo olvidemos, el derecho a la información que tienen los ciudadanos.
Los autores de esta denuncia falsa, y quienes la han aplaudido, deben saber que esto no va a quedar así porque está previsto que los perjudicados emprendan acciones para defenderse de este ataque. Entre ellos, el primero, Juan José Imbroda, por ser a quien iba dirigida la denuncia, pero también los medios de comunicación, a quienes se ha acusado de firmar convenios ilegales. El Alto Tribunal, ni más ni menos, lo ha desmentido, pero a pesar de la importancia de su auto judicial, el daño que se ha hecho de manera arbitraria y sin una base sólida no ha sido todavía reparado. Quienes acuden a la Justicia para perjudicar a otros en vez de para defenderse de lo que consideran una violación de sus derechos, deben ser severamente castigados.
Porque otro de los efectos de estas falsas denuncias ante la Justicia es el intento de paralización de la Administración, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, y como lamentablemente han conseguido por el temor de muchos funcionarios a hacer su trabajo y que ello les suponga problemas judiciales. Esto ha causado un enorme perjuicio a Melilla, a sus empresas, trabajadores y autoridades, por culpa de unos cuantos empeñados en jugar con la Justicia a su antojo.
El auto del Tribunal Supremo debería, además, servir para desterrar de Melilla el mito de que los medios de comunicación están subvencionados, como una parte de la población considera. Un pensamiento falso impulsado, lamentablemente, por algunos minoritarios partidos de la oposición que se han caracterizado por atacar constantemente a los medios de comunicación que tienen suscritos convenios de publicidad con la Ciudad Autónoma. A esta labor de desprestigio, por desgracia, también se ha sumado algún grupo de comunicación que pretendía participar en esos convenios y que, al verse fuera porque la Justicia así lo dictaminó, empezó a emplear la venganza y el ataque como su forma de hacer periodismo. De nuevo reiteramos en este Editorial que los convenios no son subvenciones a los medios de comunicación, sino la manera en que estas empresas cobran por un servicio que prestan a la Administración, como otras tantas lo hacen por los suministros y servicios que también prestan. El Supremo, con su auto, así lo avala.
