Como en las grandes ocasiones, ayer la expectación se palpaba en la sede del PP local. El máximo responsable del partido y presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ofrecía su primera comparecencia pública menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo decretara el archivo de las actuaciones contra él por los convenios de prensa. Imbroda, ante prácticamente todo su Gobierno como público y los medios de comunicación, se mostró contento y satisfecho por la decisión del Alto Tribunal de archivar la denuncia del exdiputado de PPL, Julio Liarte, y el abogado Emilio Bosch. Pero al mismo tiempo, recordó que aunque se haya superado esta “batalla”, “la guerra” no ha acabado mientras persista el empeño de algunos por “derrotar al PP fuera de la vía de las urnas”, aunque eso conlleve “víctimas” como ha ocurrido en este caso de los convenios de prensa, donde los grandes afectados han sido la propia Ciudad Autónoma y los medios de comunicación.con los que tenía firmados los convenios. Imbroda destacó así el daño causado por la denuncia de Liarte y Bosch, contra los que anunció que presentará una querella. La decisión la había tomado hace ya tiempo, incluso antes de que se conociera la decisión del Supremo de decretar el sobreseimiento libre de las actuaciones contra él al descartar prevaricación y malversación de caudales públicos en el reparto de la publicidad institucional en la Ciudad Autónoma. Una noticia que llevaba tiempo esperando y de la que Imbroda dijo haberse enterado prácticamente de rebote por las redes sociales el miércoles al mediodía, cuando los medios de comunicación empezaron a dar a conocer por Twitter la decisión del Alto Tribunal.
“He estado aguantando cinco años para meterle una querella a Liarte. Ya he tenido paciencia”, apuntó Imbroda. Así, recordó que Liarte interpuso ante la Justicia en septiembre de 2013 la denuncia que ha dado lugar a todo este procedimiento que ha terminado en el carpetazo del Supremo. Pero el caso arrancó antes, el 13 de octubre de 2011, cuando el exdiputado de PPL acudió al Tribunal de Cuentas diciendo que la Ciudad Autónoma concedía “presuntas subvenciones a dedo” con determinados medios de comunicación. El Tribunal de Cuentas resolvió que “no había lugar a nada y todo era legal”.
Según Imbroda, Liarte “estaba buscando cárcel” al afirmar en su denuncia que los hechos eran “extraordinariamente graves” porque suponían “un gasto anormal” que revelaban “una actuación irregular de la Administración” y parecían “encubrir el pago de servicios no prestados y la consecución de fines ajenos al interés público”.
“Esto es muy gordo. Ahora me va a decir en un juzgado dónde está el pago de los servicios no prestados, porque este individuo nos decía que dábamos dinero a los medios de comunicación a cambio de nada. Lo peor de lo peor”, aseveró Imbroda sobre Liarte, a quien se refirió, irónicamente, como “el más honrado de Melilla”.
Ahora, cuatro años y medio después de que “el PPL de la época” empezara a mover el caso de los convenios de prensa, Imbroda subrayó que el Supremo ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones por no ser constitutivos de ilícito penal alguno.
El presidente melillense se mostró satisfecho, aunque admitió que lo esperaba porque así lo apuntaban también informes técnicos de la Ciudad Autónoma y la Fiscalía, tanto de los juzgados de Melilla como del Supremo, que pedían que este caso se archivara. Si hubiera hecho caso de las peticiones de dimisión que se produjeron al hilo de este asunto, “hubiera sido una tremenda injusticia imposible después de compensar”, apuntó.
“Una batalla más”
De todos modos, también dijo ser consciente de que esto “es una batalla más” y que no ha ganado “la guerra” emprendida hace unos años por algunos “para derrotar al PP no por la vía de las urnas, porque no pueden soportar que desde el año 2000 esté ganando todas las elecciones y tienen que buscar medios espurios para que esto se equilibrara”.
“Dieciséis años después, estamos aquí todavía de pie”, destacó Imbroda, aunque también admitió que la guerra “no va a acabar nunca porque hay gente que no levanta dos palmos del suelo desde el punto de vista moral y están dispuestos a ir contra el PP como sea”. Entre ellos, citó “las acusaciones particulares, los que se les paga para que te acusen particularmente y los mecenas que pagan a quien está dispuesto a acusar particularmente”.
Por tanto, “la guerra se acabará cuando se aburran”, dijo resignado, pero dejando claro que mientras tanto, él y su equipo mantendrán el tipo y seguirán trabajando “como el primer día y el primer minuto”.
Y aunque haya ganado la batalla, Imbroda lamentó este caso haya tenido sus “víctimas”, entre las que citó los medios de comunicación con los que la Ciudad Autónoma tenía suscritos convenios para la inserción de publicidad institucional, a los que la Administración debe 774.485,58 euros de servicios no pagados tras tener que paralizar el trámite a raíz de la denuncia.
Como consecuencia del impago, estas empresas de comunicación tuvieron que solicitar créditos que les ha supuesto el pago de 100.000 euros de intereses. En estos momentos, explicó Imbroda, la Ciudad Autónoma está pendiente de que el Consejo de Estado dé luz verde a una unidad patrimonial para poder pagar esa deuda a las empresas informativas que “tienen derecho” a percibir ese dinero que aún no han cobrado.
Asimismo, señaló a la Ciudad Autónoma como otra de las “víctimas” que han salido perdiendo con este caso ahora archivado por el Supremo, ya que las inserciones de la publicidad institucional ya no tienen un precio especial y haciendo el mismo gasto que antes, la Administración local puede insertar ahora menos anuncios que cuando tenía los convenios.
Ni subvenciones ni propaganda
Al hilo, Imbroda insistió en que los convenios con los medios de comunicación no eran subvenciones ni la publicidad insertada era propaganda, y reiteró que se hicieron basándose en un dictamen del Tribunal de Cuentas, de modo que dichos convenios “eran lícitos” y si no fuera así, “tendrían que llevarse por delante a muchas comunidades y ayuntamientos”.
De esta forma, también respondió al PSOE, “obrero y español, dicen”, porque recordó que ha sido uno de los que han utilizado la crítica a los convenios de prensa de manera “socorrida” para justificar sus derrotas electorales. “Así han estado los adláteres y advenedizos dando caña todos los años de su vida, y Gloria Rojas ha asumido la tradición del PSOE de Melilla con el tema de los medios de comunicación”, apuntó en alusión al último Pleno de Control, en el que Rojas puso el tema sobre la mesa y se llevó una advertencia de Imbroda de que se querellaría contra ella. “Al final se asustó y se calló”, rememoró el presidente.
A juicio de Imbroda, el auto del TS es “un monumento para dejar las cosas claras” en cuanto a las condiciones que se deben dar para que haya un delito de prevaricación, entre ellas que haya “una conciencia clara y dolosa de que se está haciendo mal”. También respecto a que “elevar las disputas y dudas administrativas a la categoría de lo penal es un absurdo”.
Por ello, Imbroda confió en que el resto de casos que la Ciudad Autónoma tiene aún pendientes queden en nada porque “la buena fe ha estado sobre la mesa”. También reiteró su confianza y respeto a la Justicia, y por ello no quiso entrar a valorar la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 al elevar este procedimiento al Supremo. “Supongo que este señor lo habrá hecho con la mejor voluntad, y supongo que lo habrá hecho buscando la Justicia”, comentó.
