Sobre el uso de la fuerza que hicieron los agentes de la Guardia Civil, la Audiencia Provincial no cree que hubiera exceso, sino una “acción proporcionada a la dimensión del problema suscitado por el intento de entrada ilegal”, que “no puede sino calificarse como avalancha” debido a que son “asaltos coordinados y violentos protagonizados por un gran número de personas”.
La Audiencia Provincial cree que afirmar que la acción de los guardias civiles fue “violenta y/o desmesurada” sin tener eso en cuenta es un “incomprensible olvido”, pues “se olvida en todo momento qué es aquello a lo que dichos agentes se enfrentaban”. “Pretender, como hace la acusación, que los agentes permaneciesen en actitud pasiva frente a tales avalanchas, no puede ser asumido para valorar dicha actuación”, apunta el auto.
La Audiencia admite que los inmigrantes que fueron “inmediatamente entregados a las autoridades marroquíes” no habían sido “debidamente identificados”, pero “no podría ser de otra manera”. Y se explica basándose en el “dilema tan obvio como radical que esgrimía el propio juez Lamo de Espinosa en su investigación cuando señalaba que “se debía proceder a la devolución de dichas personas o, ante la eventual existencia de responsabilidades penales por delito de atentado, debía optarse por la identificación, que hubiese conllevado la entrada en Melilla”.
Eso hubiera conllevado, según la Audiencia, un peligro: que los inmigrantes recurrieran al “acometimiento contra los agentes de la Guardia Civil, o cualquier otra acción delictiva durante un asalto a la valla” como una manera de asegurarse la entrada en Melilla sin ser entregados a las autoridades marroquíes.
