El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la abogada y promotora inmobiliaria, Asunción Collado, a tres años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, rebajando así la pena que falló la Audiencia Provincial de Málaga de seis años y dos meses de prisión al aceptar parcialmente los recursos presentados por su defensa. Se trata, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, de la apropiación indebida de aproximadamente 220.000 euros a 23 cooperativistas de la promoción "Viviendas Melilla 97" en concepto de tributos que los participantes habían ingresado a la letrada. Asimismo, el fallo del Alto Tribunal ha rebajado la multa de 9.000 a 4.320 euros, manteniendo, la cantidad con la que Collado tendrá que indemnizar a los afectados de medio millón de euros. La Sala de lo Penal Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha estimado parcialmente el recuso de casación que interpuso el representante legal de la letrada y promotora inmobiliaria, Asunción Collado, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, que la condenaba a seis años y dos meses de prisión por un delito de apropiación indebida de unos 220.000 euros en conceptos de los tributos que los 23 cooperativistas habrían confiado a Collado y que esta no suministró a la administración.
En concreto, y según relata el fallo del Alto Tribunal al que ha tenido acceso MELILLA HOY, la pena ha sido rebajada a tres años y medio de prisión por el mismo delito, y ha rebajado la multa a 4.320 euros de unos 9.000 que sentenciaba la Audiencia Provincial. Aún así, el TS mantiene la indemnización de medio millón de euros que tendrá que pagar a los afectados, así como la inhabilitación especial para el cargo de gestor inmobiliario o de representación de entidades inmobiliarias, aunque no como letrada.
Del mismo modo, tendrá que pagar las costas procesales de la acusación particular ejercida por la Cooperativa Limitada de Viviendas Melilla 97, aunque no las correspondientes a la acusación ejercida por la Ciudad Autónoma.
Denuncia en 2009
Cabe recordar que Collado fue denunciada en 2009 tras enterarse por parte de la Cooperativa que esta no efectuó el pago en la Hacienda de la Ciudad Autónoma en concepto de IPSI e IBI. Según se relata en los hechos probados, Collado y su empresa Línea de Desarrollo Urbano (SLU) fue contratada por la Sociedad Cooperativa de Viviendas de Melilla 97 en el año 2003. Y es que la empresa se encargaba de comprar solares que luego adjudicaba a cada promoción que efectuaba bajo la forma jurídica de cooperativa, para una vez conseguido el solar, buscar cooperativistas que entraran a formar parte de la misma.
Asimismo, si bien se efectuaba la compra y todas sus gestiones con Lidesur, abonando las aportaciones y cantidades que por contrato fijaba la empresa de Collado en una de sus cuentas, era la propia promotora quien decidía "el destino de los importes de forma indistinta con confusión patrimonial".
De este modo tras ser contratada por la Cooperativa y finalizar la construcción de una promoción de viviendas, se llevó a cabo la venta de las mismas y la subrogación de hipotecas entre los 23 cooperativistas en 2007.
De este modo, previo al otorgamiento de las escrituras la Cooperativa y los cooperativistas entregaron las cantidades correspondientes al pago de tributos (Impuesto para la Producción los Servicios y la Importación (IPSI) e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por diferentes medios financieros a Collado, un pago, que el notario hace constar en todas las escrituras.
Sin embargo, la acusada no efectuó su pago en la Hacienda de la Ciudad Autónoma, ni tampoco ha reintegrado dicho dinero a la cooperativa. Este impago, que desconocían los cooperativistas y el Consejo Rector de la Cooperativa, se agrandó con intereses por la demora, e incluso una sanción de 161.405 euros.
No fue hasta que por un día el presidente de la Cooperativa en febrero de 2009 "sorpresivamente y por casualidad", conoce que existe un embargo en la cuenta de la Cooperativa por parte de la Ciudad.
