Una sentencia del Tribual Superior de Justicia de Murcia de octubre pasado posibilitando a una serie de soldados profesionales renovar la permanencia en el Ejército aún superando los 45 años, ha generado, además de una gran expectación, un "gran revuelto" en los acuartelamientos melillenses, según aseguran familiares de militares que se ven en la misma situación. La consecuencia, una auténtica "avalancha" de instancias solicitando la permanencia, buscando lograr el fin que se persigue recurriendo a la figura del "silencio administrativo". Las familias piden al comandante general y al presidente de la Ciudad Autónoma su mediación para impedir que "miles de metopas se vean en la calle" al llegar a los 45 años. La Ley de Tropa y Marinería recoge en su preámbulo que esta norma "garantiza a los soldados y marineros la posibilidad de completar su trayectoria profesional comenzando su relación de servicios con un compromiso inicial renovable hasta seis años de duración y ofreciéndoles la opción de suscribiré otro de larga duración hasta los 45 años, durante cuya vigencia podrán acceder a la condición de soldados permanentes". Pero en la práctica, no todos los soldados profesionales logran la declaración de permanente, por lo que alcanzada la edad en cuestión, deben abandonar el Ejército, con el perjuicio que todo esto supone para la economía de miles de familias que viven de este sueldo, como ocurre en Melilla.
Consecuencias
Para todas estas familias, la existencia de distintos fallos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que, por silencio administrativo reconocieron la relación de servicios de carácter permanente a diverso personal de las Fuerzas Armadas cumplidos los 45 años, ha creado no pocas expectativas. "La esperanza es lo último que se pierde", afirmaba a este diario la esposa de un soldado profesional que en cinco años deberá abandonar el Ejército.
La noticia de estas sentencias judiciales, en base al silencio administrativo, ha corrido como la pólvora en los acuartelamientos melillenses. "Hay un gran revuelo" y la consecuencia es que, según señalan otras familias en la misma situación, es que se está presentando "una avalancha" de instancias solicitando la permanencia en el Ejército. "Nos han dicho que con esta instancia podemos conseguir que nuestros maridos se queden en el Ejército y estamos muy nerviosos", señalaba una mujer.
"La verdad es que es una pena que después de tantos años de servicio, de entrenamiento físico, de disponibilidad para ir a misiones o a hacer lo que sea necesario, que al cumplir a los 45 años se queden en la calle". "¿No se dan cuenta que para muchas familias de Melilla esto es una ruina?, porque ¿qué hacemos ahora?", se lamentaba otra afectada.
Se muestran esperanzadas en la posibilidad de que sus esposos o hijos puedan lograr la permanencia en las Fuerzas Armadas gracias a la solicitud presentada, pero no obstante, varias de estas familias mostraban a este Diario su deseo de que tanto el comandante general, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, como el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, se solidaricen con los afectados y "puedan ayudarnos, que hablen con quién sea, que se muevan en el Gobierno y que no echen a nuestros maridos a la calle". "Estamos muy preocupados por todo esto", rubricaba una madre, "porque con el paro que hay, ¿dónde van después?, ¿quién los va a contratar?"
Se lamentaban de que los grandes partidos como el PP y el PSOE no se hubiesen pronunciado al respecto y que sólo han encontrado respaldo en Podemos y CPM, que han mostrado su apoyo a las reivindicaciones de estas familias.
AUME
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), recoge en su web que han trasladado a sus socios la aclaración necesaria sobre todos los pormenores relacionados con la presentación de la instancia para solicitar la permanencia, pero advierte que "si se recurre a la vía judicial y si la denuncia es desestimada, los costes judiciales pueden ascender a los 3.500 euros".
La entidad se ofrece a informar sobre todo este proceso y pone a disposición de los socios esta vía para intentar conseguir la permanencia, pero añade que aunque en "algunos casos la respuesta ha sido efectiva, no se asegura que todos los casos corran la misma suerte".
AUME indica a sus socios que los fallos judiciales que hasta el momento han reconocido esta relación de servicios de carácter permanente, "no han entrado en el fondo del asunto, sino que el reconocimiento derivó por los efectos del silencio positivo ante la falta de respuesta de la administración en los distintos procedimientos administrativos que se iniciaron por los interesados".
"Sorprendentemente, sin embargo estos fallos judiciales a los que hacemos referencia, al ser firme, se han ejecutado por el Ministerio de Defensa, sin promover recurso alguno, si bien, ni la Ley de la Carrera Militar ni la Ley de Tropa y Marinería prevén que se pueda obtener la relación de servicios de carácter permanente sino es por el proceso de selección correspondiente", apostilla.
"La suerte de este reconocimiento de relación de servicios de carácter permanente dependerá, en gran manera, de que en el Ministerio de Defensa no resuelvan expresamente a la solicitud planteada y se produzcan, por tanto, los efectos del silencio administrativo", manifiesta AUME que, no obstante, se ofrece a asesorar a sus asociados.
Silencio administrativo
Pero el Ministerio de Defensa, como era de esperar, ha decidido tomar cartas en el asunto y quiere cerrar la vía del silencio administrativo por la que los solicitantes lograran la permanencia en el Ejército. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha llevado al Ministerio a reaccionar, "intensificando las respuestas a todas las instancias presentadas por militares que finalizan su contrato con las Fuerzas Armadas. De esta manera, se desactiva la posibilidad de acogerse a ese procedimiento judicial", según El Confidencial.
El diario recoge además que según denuncian organizaciones de representación de tropa y marinería, como la OATM, "este tipo de procedimientos ha llevado a algunos bufetes de abogados especializados a emprender esta vía para lograr la permanencia de sus representados".
Lo realmente preocupante, señala, es que "se sigue instando a hacerlo pese a que ya se ha demostrado ineficaz en los últimos meses por la rápida respuesta de la Asesoría Jurídica de la Defensa". Lo cierto es que hasta que no se logre un cambio en la legislación o en el proceso de permanencia en las Fuerzas Armadas, los que cumplan 45 años si no alcanzan la permanencia en las convocatorias ordinarias, deberán poner fin a su relación contractual con las Fuerzas Armadas.
