La abogada e investigadora Violeta Assiego acaba de intervenir en un congreso sobre abogacía en Málaga para exponer la situación de vulnerabilidad jurídica que rodea a los niños y adolescentes extranjeros que viven en la ciudad. Según apunta la docente y activista, las políticas que aplica la Ciudad Autónoma de Melilla “empujan” a estos menores “al mar”, ya que desatienden a su parecer los principios que marca la Ley Orgánica de Protección Jurídica al Menor al no facilitar el acceso a la documentación y no garantizar otra serie de derechos.
Es abogada, investigadora, analista, activista y profesora en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Violeta Assiego pasó el mes de julio en la ciudad para conocer de cerca la realidad social de Melilla y recabar información de cara a un estudio. «El tema de los menores extranjeros no acompañados de adultos saltaba a la vista», recuerda.
Assiego intervino este miércoles en el ’12º Congreso de la Abogacía’, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga, para ofrecer una mirada analítica de la situación de vulnerabilidad jurídica que rodea a los niños y adolescentes no acompañados que viven en el centro de La Purísima o en las calles de Melilla.
Según expone la investigadora social, en Melilla impera la «opacidad total» en lo referente a los trámites y las condiciones que deben cumplir los niños y adolescentes extranjeros para recibir su permiso de residencia. «El principal requisito para obtener los papeles es ser menor de edad», aclara Assiego aludiendo a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
Apelando a la misma, la abogada insiste en que las condiciones en las que se atiende a los niños no acompañados en La Purísima «no garantizan la seguridad individual». No sólo subraya el estado de hacinamiento, también la «falta de claridad» sobre cómo acceder a la educación, un derecho básico recogido por ley. «No se aplica ninguna política de acogida, ni de recibimiento, ni de individualización, ni de educación, ni de acompañamiento», concluye la analista.
El hecho de llegar a un centro en el que se habla desde el primer momento en español, una lengua que en muchos casos los menores desconocen; las condiciones de hacinamiento en la que duermen; la «falta de criterios objetivos» a la hora de acceder a la educación; o el desconocimiento sobre su situación jurídica y sobre cómo solicitar la residencia son algunos de los factores que, al parecer de Assiego, hacen que los chicos opten por sobrevivir en las calles de Melilla. «Están en un entorno en el que al final se les está diciendo que se vayan».
«La política de protección social de la Ciudad de Melilla lo que hace es generarles situaciones de inseguridad. Es la que les empuja al mar para meterse en barcos como polizones», alarma Assiego. En este sentido, la abogada resalta que desde la Península «tampoco se están responsabilizando de una situación real que existe en Melilla».
Según manifiesta la analista, «faltan ideas y propuestas» para revertir una situación que califica como «dramática». Mantiene que es necesario que se organice en la ciudad «una mesa de urgencia» contando con expertos en materia de protección de menores de largo recorrido.
Señala también la importancia de que se abran los canales para recibir la financiación adecuada a la atención que requieren los menores extranjeros no acompañados de Melilla, de modo «que se establezca la protección que se debe garantizar por ley».
El cliché equivocado
La investigadora social denuncia que en Melilla existe un “cliché equivocado», por el que manda la idea de que se debe «disuadir» a las personas extranjeras para que no lleguen a la ciudad por todos los medios, bajo el temor del ‘efecto llamada’. “No hay interés en que los menores sean atendidos, hay interés en que no estén o se vayan”, sentencia.
«La Península tampoco se preocupa de llevar a Melilla a la creencia de lo que son los derechos humanos, ni la incorporación de las personas extranjeras a la línea de productividad de los países», lamenta la analista. «Hay más de una hora y media de distancia en avión entre Madrid y la capital. Hay casi décadas de distancia», sostiene.
Para Assiego, lo óptimo sería que se garantizase el acceso de los menores no acompañados a la documentación que facilita el permiso de residencia, como recogen los principios de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. «Siempre con el objetivo de que el menor, con el permiso de residencia, pueda ser una persona madura, formada y capaz de valerse por sí misma. Es decir: trabajar en España o en cualquier otro país», manifiesta la investigadora.
“El retorno a Marruecos a veces es un riesgo”
La abogada e investigadora social explica que, aunque España esté a favor de la “política de retorno” de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, las organizaciones pro derechos humanos puntualizan que “se tendría que aplicar siempre que se garantice el interés del menor”. Por ello, Assiego recuerda que, a pesar de que España y Marruecos tengan convenios en los que contemplan las repatriaciones, entidades como ‘Humans Rights’ ponen en duda que dichos acuerdos recojan procedimientos que velen por los derechos de los menores. En este línea, la activista expone que “el retorno a países como Marruecos a veces es un riesgo”, habida cuenta de que “no hay condiciones de protección”.
