El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska destacó ayer las políticas de prevención e investigación que se están desarrollando en España para limitar el riesgo del terrorismo yihadista, aunque aclaró que se trata de una “preocupación internacional” que no afecta únicamente a este país, sino también a muchos otros. Y señaló que aunque en Melilla se hayan desarrollado 10 operaciones contra el terrorismo yihadista desde 2012, con 21 detenidos, “no hay que estar preocupados”.
Grande-Marlaska, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, insistió en que el terrorismo yihadista “es una preocupación general”. Y en su opinión, aunque la ubicación geoestratégica de Melilla “es una circunstancia objetiva y concreta” que no se puede obviar, “no es materia de preocupación” precisamente por las políticas de prevención “importantes” que se llevan a cabo que “limitan el riesgo”.
El magistrado señaló además las políticas de investigación y el hecho de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “están ahí actuando y realizando, cuando corresponde, las operaciones pertinentes” para detener a personas que pudieran estar vinculadas al terrorismo yihadista.
“Consenso internacional”
Grande-Marlaska hizo esta valoración durante su segunda visita a Melilla. Ayer viajó hasta aquí para dar una conferencia sobre ‘La reforma de los delitos de terrorismo y cooperación internacional’, enmarcada en el curso ‘La Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal’, organizado por el CGPJ y el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (ICAME).
En esta conferencia, el juez explicó que estas últimas reformas no es “algo autónomo” por parte de los legisladores españoles, sino que obedecen a un “consenso internacional”, unificando todos los códigos penales en materia de terrorismo para facilitar la cooperación y definir qué es el terrorismo en los distintos países.
De esta forma, se establece qué delitos deben incardinarse en el terrorismo, las conductas que deben ser incriminadas y hasta dónde se puede llegar para incriminar conductas para “no llegar a desvirtuar lo que es el ordenamiento penal, es decir, ir más allá de lo que debe ser sancionado desde el punto de vista penal”, señaló Grande-Marlaska.
El objetivo de esta reforma del Código Penal es luchar de forma efectiva contra el terrorismo, “sin perjuicio de otras medidas” adicionales, como la prevención de la radicalización en materia de terrorismo internacional, sobre todo el de carácter yihadista.
Grande-Marlaska participó también en la inauguración del curso ‘La Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal’, dirigido por el decano del Colegio de Abogados, Blas Jesús Imbroda, quien agradeció al CGPJ su implicación para que esta acción formativa sea una realidad. “Teníamos ganas de celebrar unas jornadas aquí, en nuestra sede”, apuntó el decano para diferenciar esta iniciativa de las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo, que este año cumplen su 24ª edición como una auténtica “referencia nacional”.
Y destacó la importancia de actuaciones como ésta porque, como recordó, el Derecho “no para de evolucionar constantemente”. Sobre esta idea también incidió Grande-Marlaska, que recordó que el servicio de formación del CGPJ es el mejor valorado y que era “razonable” que alguno de los planes de formación del plan estatal se deslocalizara de Madrid.
Hoy, turno del secretario de Estado de Seguridad
El curso ‘La Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal’ continúa hoy con otras tres conferencias, una de las cuales estará dirigida por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que hablará de ‘La realidad de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana”. También intervendrán el vocal del CGPJ Gerardo Martínez, y el abogado de la infanta Cristina, el catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva.
