Unos retos a la legalidad establecida, los que se están planteando cada vez con más frecuencia en Cataluña, que afortunadamente no tienen reflejo alguno en la clase política melillense. Sin el más mínimo ánimo de entrar en el debate “toros sí” o “toros no”, por el respeto que nos merece la opinión de todos y cada uno de nuestros lectores, la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado jueves que anulaba la ley catalana que prohibía las corridas de toros, al considerar que la norma invadía las competencias del Estado en materia de Cultura ha creado una polémica al margen de lo estrictamente taurino como es la anunciada desobediencia a la Ley por parte de determinados representantes públicos catalanes. La decisión fue adoptada por ocho votos a tres y la sentencia reconoce que Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y para proteger a los animales, y que dentro de esas competencias podría incluir, en principio, la prohibición de las corridas con el fin de proteger a los animales. Pero también hay que tener en cuenta que, en base al ejercicio de sus competencias sobre Cultura, el Estado ha dictado leyes declarando la tauromaquia como patrimonio cultural, lo que conlleva que el ejercicio de esas competencias por la comunidad autónoma debe conciliar con las que la Constitución reserva al Estado, lo que según la sentencia no ha sucedido en este caso.
Al hilo del debate suscitado entre taurinos y antitaurinos, ¿responsables? políticos catalanes han aprovechado la controvertida sentencia para una vez más retar públicamente al Estado español alardeando de su desobediencia a la Ley. De hecho, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha señalado que impedirá la celebración de las corridas de toros con independencia de lo que diga el Tribunal Constitucional. Una actitud desafiante y provocativa por parte de un cargo público y desde luego poco ejemplarizante por parte de un responsable institucional. También la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, se ha pronunciado en términos similares al decir que si se confirmara la sentencia el Ejecutivo se pondría de inmediato a trabajar para impedir que la medida tuviera efectos prácticos. En definitiva, una nueva situación para dejar clara una peligrosa desobediencia al Tribunal Constitucional y al imperio de la Ley que llega de nuevo desde Cataluña y a la que ya tristemente nos tienen habituados algunos políticos catalanes que están convirtiendo en costumbre estos pulsos a los tribunales.
Unos retos a las normas básicas de un sistema democrático que, al parecer, no son exclusivos de nuestro país, porque este tipo de chulerías se dan, aunque con matices diferenciales en otros marcos geográficos, como hemos podido comprobar a raíz de las declaraciones del aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, tras el tercer debate presidencial con la candidata demócrata a la Presidencia de los EE.UU., Hillary Clinton, cuando dijo que acatará el resultado de las presidenciales del día 8 de noviembre en el caso de que gane. Lo que al menos diferencia al político americano de los catalanes es que se reserva “el derecho a impugnar o presentar un desafío legal en caso de un resultado cuestionable”, una situación sin antecedentes en las elecciones americanas, pero que al menos se ciñe al marco de la legalidad.
Unos desafíos a la legalidad establecida, los que se están planteando cada vez con más frecuencia en Cataluña, que afortunadamente no tienen reflejo alguno en la clase política melillense donde, a pesar de las conflictivas situaciones en ocasiones vividas entre las distintas formaciones políticas de la ciudad, jamás ha llevado a ninguno de los partidos a plantearse una posible confrontación con los pilares de la Democracia.
