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“Derogar los rechazos en frontera situaría a la Guardia Civil ante un grave problema”

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El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, expresó ayer su desacuerdo con la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado martes para instar al Gobierno a derogar la Ley de protección de seguridad ciudadana y los rechazos en frontera, pues eso “situaría a la Guardia Civil ante un grave problema”. A preguntas de los periodistas, Martínez recordó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “tienen la obligación” de hacer frente a los intentos de entrada irregular “y necesitan para ello que el ordenamiento jurídico les respalde”. Ello, afirmó, se hace “garantizando los derechos de todos”, entre ellos el derecho a la protección internacional de los solicitantes de asilo, para lo que recordó que existe desde marzo del año pasado una oficina específica en el paso fronterizo de Beni-Enzar, que desde su apertura “ha tramitado muchas solicitudes de asilo”. “Creo que es un equilibrio que nadie dice que sea fácil, que es complejo, pero las leyes deben buscarlo y garantizarlo porque proteger nuestras fronteras es una obligación del Estado”, dejó claro el número dos del Ministerio del Interior en su visita a Melilla, donde defendió la Ley de protección de seguridad ciudadana.
A su juicio, esta ley “está perfectamente medida, es absolutamente equilibrada y respeta los derechos y libertades”, y pretende ser “una forma de hacer frente a una presión violenta sobre la valla en el caso de Melilla y Ceuta”, algo que se hace “tratando de ponderar todos los derechos en juego y sabiendo que el perímetro fronterizo tiene que ser protegido”.
Insistió en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la obligación de defender el perímetro fronterizo “no porque sea un derecho, sino porque es una obligación” de la Guardia Civil, que custodia la frontera, y por tanto el Gobierno tenía que impulsar una reforma legislativa que le diese “toda la cobertura jurídica”.
También “toda la garantía de que esa actuación se realizaba de manera protocolizada”, regulando cómo debía actuar “para hacer algo tan elementar como proteger el perímetro fronterizo de la ciudad frente a posibles intentos de entrada irregular”.
Martínez señaló que la Guardia Civil tiene un protocolo de actuación para actuar en la valla, con “un dispositivo claro y unos principios” que los agentes respetan y aplican “siempre con enorme proporcionalidad y rigor”, guardando “un difícil equilibrio muchas veces complejo entre la protección de quienes intentan entrar de forma irregular y la custodia de la frontera”.

“Un inmenso error” y “un disparate”
Francisco Martínez también se refirió a lo que supondría desde el punto de vista de la seguridad si se derogara la también conocida popularmente como Ley Mordaza, tal y como reclama una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. El secretario de Estado fue claro y rotundo al asegurar que derogar esa legislación sería “un inmenso error” y “un disparate”.
Así, explicó que, ante este planteamiento, el Ministerio del Interior ha presentado “argumentos muy sólidos y preguntas que tienen difícil respuesta” si se derogase esta Ley, como por ejemplo, cómo se van a hacer algunas diligencias “absolutamente imprescindibles para proteger a los ciudadanos ante gravísimas amenazas”.
Entre ellas, citó el terrorismo, el crimen organizado y el tráfico de drogas, sobre los que la Ley de protección de seguridad ciudadana regula “las diligencias policiales más importantes para luchar contra esos fenómenos”, como el cacheo o la identificación, “con todas las garantías, pero dándole herramientas a las fuerzas de seguridad de toda España”.
Para poner un ejemplo, se refirió a lo sucedido el martes, el mismo día que se estaba aprobando en el Congreso la proposición no de ley para instar al Gobierno a la derogación de la Ley de protección de seguridad ciudadana, cuando un grupo de hinchas del equipo de fútbol Legia de Varsovia tuvieron en Madrid “un comportamiento enormemente violento”.
Aquello constituyó “una situación difícil desde el punto de vista de seguridad”, y “para evitar que esa violencia tuviese consecuencias dramáticas dentro del estadio, [los hinchas] tuvieron que ser cacheados” para evitar que entrasen con bengalas, recordó el número dos del Ministerio del Interior.
En este punto, señaló que el cacheo es una diligencia regulada en la Ley de protección de seguridad ciudadana “para que se haga con todas las garantías”, pero preguntó cómo se hubiera podido evitar eso si se deroga dicha legislación y se “priva” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la posibilidad de cachear.

Casi el 90% de las denuncias, sobre drogas, armas y explosivos
El secretario de Estado de Seguridad insistió en que esta Ley “es para proteger la seguridad y para garantizar el ejercicio de todas las libertades públicas”, como a su juicio demuestran los resultados de su primer año de vigencia, en el que nueve de cada diez denuncias tramitadas por esta norma tienen que ver con drogas, armas y explosivos. En concreto, un 87,3 % de las 371.018 denuncias que ha tramitado el Ministerio del Interior en el marco de la Ley de protección de seguridad ciudadana desde su entrada en vigor en julio de 2015 hasta agosto de 2016.
El secretario de Estado de Seguridad destacó este resultado en el balance que realizó ayer de los primeros 13 meses de vigencia de esta Ley en una conferencia ante juristas organizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (ICAME).
Martínez puso sobre la mesa los resultados durante su conferencia para defender esta legislación después de que el Congreso haya aprobado esta misma semana una proposición no de Ley instando a su derogación, asegurando que los datos permiten realizar “una valoración razonablemente satisfactoria”.
Así, señaló que si nueve de cada diez denuncias tramitadas están relacionadas con drogas, armas y explosivos, materias que es “constituyen una prioridad en el ámbito de la seguridad y la convivencia” y que es “imprescindible controlar de forma exhaustiva”, es evidente que esta Ley va encaminada a “proteger la seguridad y garantizar el ejercicio de todas las libertades públicas”.
El secretario de Estado especificó que el 77,42% de las denuncias tramitadas por la Ley de protección de seguridad ciudadana están relacionadas con el artículo 36.16, sobre el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos.
El 7,95% de las denuncias han sido por vulnerar el artículo 36.10, relativo a portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como hacerlo de modo negligente, temerario o intimidatorio o fuera de los lugares habilitados para su uso.
Interior ha tramitado además 795 denuncias, es decir, el 0,14% del total, por vulneración del artículo 35.2 de la Ley, respecto a la fabricación, reparación, almacenamiento o circulación de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación.

Derecho de reunión
En cuanto a la parte de la Ley que regula el derecho de reunión y manifestación, sobre la que el secretario de Estado reconoció que es “la que ha concentrado buena parte de las críticas”, señaló que en 13 meses sólo se han tramitado 95 denuncias por manifestaciones no comunicadas, el 0,017% del total.
También ha habido 11 denuncias por la negativa a la resolución de la manifestación y 4 por manifestaciones en las que se hayan producido alteraciones de orden público ante el Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas legislativas de comunidades autónomas, frente a las 37 manifestaciones que han sido comunicadas ante dichos parlamentos que se han celebrado “con toda normalidad”.
Se refirió a un “caso llamativo” que se ha producido con la entrada en vigor de esta Ley respecto a los punteros láser utilizados contra pilotos o conductores para provocar accidentes, cuestión que carecía de regulación y que ahora es una conducta delictiva, recogida como infracción muy grave en el artículo 35.4, con “penas tremendamente elevadas”.
Sobre este caso, informó de que en 2010, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, hubo 119 denuncias por el uso de punteros láser contra pilotos, cifra que en 2014 se elevó a 870, de manera que este fenómeno, que el secretario de Estado ha recriminado a sus autores, ha crecido un 731%.
Por último, destacó el descenso de identificaciones que ha conllevado la entrada en vigor de la Ley de protección de seguridad ciudadana debido a las mayores “garantías” que establece, ya que de las 2.994.804 que se formalizaron en el primer semestre de 2015 con la anterior ley, en el segundo semestre, con la nueva legislación, bajaron un 13%.

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Redacción

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