El balance final del proceso de regularización no ha sido muy favorable para la mayoría de los 210 marroquíes además de dos chinos y un argentino que se acogieron a esta iniciativa extraordinaria abierta por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en toda España durante los meses de marzo y mayo. De esas 215 solicitudes, tan sólo 78 han sido admitidas. Melilla, con un 64% de las peticiones denegadas, se convierte en una de las ciudades españolas con el mayor porcentaje de solicitudes inadmitidas. Le sigue Ceuta, donde se rechazaron casi un tercio de las escasas 69 solicitudes presentadas y tras la ciudad caballa se encuentra Madrid, que ha rechazado más de una de cada cinco solicitudes, al igual que Cantabria.

Quedán atrás las interminables horas de espera frente a las puertas de Ventanilla Única, incluyendo noches en vilo, para acogerse a este proceso que para muchos inmigrantes que residen en Melilla suponía estar a las puertas de un sueño que podía convertirse en realidad. La aglomeración de gente fue tal que el último día del proceso, un sábado, pasaron casi 600 personas por los tres puestos de atención habilitados durante esa jornada desde las 9:00 horas de la mañana hasta las 21:00 horas de la noche. La mayor parte de las solicitudes para regularizarse incluían el régimen de trabajo en el hogar y el resto se presentaron para trabajar en otros sectores como el de la construcción o el de la hostelería.

A nivel nacional, han sido 115.178 los extranjeros a los que se ha corroborado su situación de irregularidad. Las regiones donde engorda más la "bolsa" de irregulares son Madrid, donde 36.704 inmigrantes se quedan en la ilegalidad, seguida de la Comunidad Valenciana (21.650), Cataluña (19.890) y Andalucía (13.215).

Futuro desalentador
Las denegaciones han afectado a 138 solicitantes en Melilla. Su futuro a partir de ahora queda marcado por lo que viene recogido en la legislación. Una vez denegada la solicitud para regularizarse, se reactivan los expedientes de expulsión que se hubieran dictado contra los solicitantes. Se agota la vía administrativa aunque los afectados pueden presentar recursos contra esta decisión. Sin embargo, aquellos que hubieran sido sancionados anteriormente por residir o trabajar irregularmente en España con una orden de expulsión, tendrán que abandonar el país de forma voluntaria o forzosa.

Además, los que estén viviendo de forma clandestina en España y hubieran sorteado hasta el momento una sanción de expulsión, es muy probable que en la notificación denegatoria de la autorización de trabajo se les invite a abandonar voluntariamente el país.

Queda por saber si la administración, que ahora tiene localizados a estos inmigrantes, abrirá contra ellos expedientes de expulsión.