La Asamblea de Melilla aprobó ayer un reglamento de régimen interno de los centros de servicios sociales de la Ciudad Autónoma, que el Ejecutivo local considera muy necesario por la “falta de comportamiento cívico” de algunos de sus usuarios. Esta normativa ha visto luz verde de manera inicial con los votos a favor de PP y Ciudadanos (C’s), la abstención del PSOE y el rechazo de Coalición por Melilla (CPM), partido que protagonizó la mayor parte del debate con el Gobierno melillense. El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, señaló que se da “una tónica bastante generalizada” en los centros de servicios sociales, que no se da en otros organismos públicos, de algunos usuarios que “por sus características” acuden a ellos “con malos comportamientos”, y quienes los sufren, ha afirmado, son los trabajadores sociales.
De hecho, aseguró durante la celebración del pleno ordinario de la Asamblea que algún empleado público de estos servicios han llegado a recibir amenazas incluso de muerte por parte de algún usuario, y también algunos han sido agredidos.
Por ello, consideró “un poco grave” las acusaciones de Coalición por Melilla (CPM) respecto al funcionamiento de los centros de servicios sociales, al asegurar durante el pleno que algunos de sus empleados públicos han dado lugar a “situaciones de injusticia” ante demandantes de ayuda contra los que incluso han llegado a “tomar represalias”.
El portavoz de CPM, Hassan Mohatar, lamentó, por ejemplo, que algunos de los usuarios de los servicios sociales hayan recibido como respuesta a su petición de ayuda que vendan su televisor o vayan a vivir a Marruecos por ser más barato.
Mohatar aclaró que no quería entrar en un debate sobre la profesionalidad de los funcionarios, a quienes “hay que apoyar”, pero también pidió que se tenga en cuenta que los usuarios de los servicios sociales “son personas desesperadas, que están en las últimas y necesitan mucha ayuda”. “Hay que intentar atenderlos lo mejor posible porque acuden con una necesidad imperiosa”, insistió.
Por ello, rechazó que en dicho reglamento se incluyan seis páginas sobre las sanciones a los usuarios y no se reflejen los derechos y deberes de los funcionarios de manera “específica”, al margen del Estatuto de los Trabajadores de la Ciudad Autónoma, que sí se han incluido en los artículos 45 y 46 del reglamento.
El portavoz del PP, Daniel Conesa, manifestó su “sorpresa” ante la postura de CPM y dejó claro que la “práctica totalidad” de los funcionarios cumple con sus obligaciones, aunque recordó que para los casos en los que cometan irregularidades o se excedan de la prestación del servicio, “hay un itinerario perfectamente establecido” para sancionar a los funcionarios.
Ventura subrayó que los empleados públicos “a veces pueden tienen un mal día, como cualquier persona”, si bien defendió el trabajo que realizan hacia un colectivo social con muchas necesidades, al que “se le atiende con muchísima humanidad” y sensibilidad.
Además, insistió en que este reglamento nace para tener un procedimiento administrativo para que se planifiquen los centros de servicios sociales y se reflejen las obligaciones de cada uno, incluidos los empleados públicos, para quienes hay un régimen disciplinario en caso de incumplimiento de las normas, el cual “conocen perfectamente” sin necesidad de incluirlo en el texto como pedía CPM.
Propuesta del PSOE
El PSOE también intervino brevemente en este punto para pedir que el reglamento aumente el número de trabajadores sociales establecido, para que en vez de haber uno por cada 10.000 habitantes, sea por cada 7.000.
El consejero de Bienestar Social respondió a la diputada socialista Lamia Mohamed Kaddur que en estos momentos hay nueve trabajadores sociales, y aunque quisiera tener “muchísimos más”, la realidad “supera muchas veces lo que nos gustaría”.
