En el último día de febrero se va a producir un desahucio en Melilla, pero no por falta de pago, sino por la extraña situación de legalidad de un barrio, el del Rastro, surgido hace un siglo sobre el lecho del arroyo de la Regente Mª Cristina. Es un barrio marginal, en la que la población llegó a habitar en las cuevas que se excavaron en las laderas. Sus calles centrales tienen los nombres de Jaffa, Jerusalén, Hebrón, Sión y Tel Aviv y el conjunto tomó el nombre de barrio hebreo, por asentarse allí la población judía que huyó de la persecución en Marruecos en la 2ª mitad del siglo XIX. El barrio ha conocido otras denominaciones en el siglo que lleva habitado, Polígono (ya en desuso), o Rastro, que es el genérico que se ha acabado imponiendo. La mayor parte de las casas tienen propietarios, pero no están hechas las divisiones horizontales, ni los límites de las viviendas. Sobre una antigua vivienda puede haber ahora dos, y no estar registrada ninguna. Se pagan alquileres, se habitan los edificios, pero resulta muy difícil para los residentes asentar la propiedad o transmitirla en herencia. Esto crea graves situaciones de indefensión jurídica.
Desahucio en la calle Tel Aviv
Mimón vive junto con su familia en el número 9 de la calle Tel Aviv desde hace más tiempo del que pueda recordar. Vive en la misma casa en la que lo hicieran sus padres y en la que él nació. Hace 60 años que su familia habita esa residencia, desde que la familia hebrea que la habitaba se marchó del barrio, al mejorar su posición económica, y arrendó la vivienda a su padre. Hasta hace 5 años pagaba una antigua renta de 13€ mensuales, pero al fallecer el propietario y arreglar sus herederos la situación patrimonial del inmueble, las condiciones económicas cambiaron. El nuevo alquiler pasó de los exiguos 13e a 100e mensuales, y como habían pasado 5 años de trámites, la deuda acumulada era de 5500e, que abonaron con los propios ahorros de la familia y con una parte de ayuda de los vecinos.
Según cuenta Mimón, el todavía residente, tras resolverse el litigio legal, el nuevo propietario les exigió un nuevo incremento del alquiler, esta vez hasta los 200e, pero ya legalizado. Esta nueva cantidad no podían satisfacerla, ya que Mimón se encuentra en situación de paro, con hijos pequeños, y sin ningún otro miembro de la familia que perciba ingresos. Los procesos judiciales, y la necesidad de contratar defensa para sus intereses, también han dejado su huella en la escasa economía familiar, pero tampoco ha servido de nada.
Todos los fallos judiciales le han dado la razón a la propiedad, no estimándose ninguno de sus argumentos. El día 28 de febrero a las 10h 00, está previsto el desalojo de la familia, en cumplimiento del mandato judicial.
Esta situación de legalidad atípica se da en muchos lugares de la ciudad, bien porque son propiedades muy antiguas, o porque se han hecho divisiones posteriores de las fincas, y también porque hay muchos propietarios que abandonaron sus propiedades en la ciudad hace mucho tiempo. Hay todo un mercado para la localización e inscripción y puesta en orden, de antiguas propiedades abandonadas y nunca inscritas.
Por El Alminar
