Probablemente ninguno de los partidos que han apoyado la propuesta en tumbar lo que ha permitido resolver una grave situación en nuestras fronteras se ha detenido a pensar en las consecuencias que tendría. El mayor reproche en este sentido hay que hacérselo al PSOE, partido que estando en el Gobierno durante la crisis de las vallas de 2005 realizó devoluciones de inmigrantes que intentaban entrar a Melilla de manera irregular El Congreso de los Diputados ha dado esta semana el primer paso para desmantelar la Ley de Seguridad Ciudadana, incluida la disposición por la que hace un año y medio se reformó la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a los rechazos en frontera. La Cámara Baja aprobó tomar en consideración dos proposiciones de Ley del PSOE y del PNV para revisar esta Ley, tan polémica desde su entrada en vigor el 1 de abril de 2015, que es lo que ha dado cobertura jurídica a los rechazos en frontera ante los intentos multitudinarios de salto a la valla tanto en Ceuta como en Melilla.
No sorprenden estas proposiciones de Ley, pues hay que recordar que a finales del año pasado, dos meses antes de la celebración de las segundas elecciones generales, ya hubo una intentona en este sentido, aunque en aquella ocasión fue con la presentación de una proposición no de ley, que terminó siendo aprobada ante un PP en minoría frente al resto de grupos juntos. Aquel caso sirvió como gesto simbólico de una oposición unida contra la conocida como Ley Mordaza, ya que aquella proposición no de ley no tenía capacidad para tumbar una Ley Orgánica.
Ahora es distinto, puesto que hablamos de dos proposiciones de Ley, cuya aprobación insta al Gobierno a modificar una legislación que ha permitido actuar sin problemas jurídicos a la Guardia Civil frente a un asunto importante como es el problema de la inmigración irregular que sufre Melilla desde hace muchos años.
Cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana podría suponer la vuelta a los problemas fronterizos que sufrió Melilla en aquel 2014 marcado por la presión de la inmigración irregular en la valla. No en vano, la relativa tranquilidad que vive el perímetro fronterizo comenzó coincidiendo con la reforma de la Ley de Extranjería, que da mayores garantías a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla.
Probablemente ninguno de los partidos que ahora insisten en tumbar lo que ha permitido resolver una grave situación en nuestras fronteras se ha detenido a pensar en las consecuencias que tendría. El mayor reproche en este sentido hay que hacérselo al PSOE, partido que estando en el Gobierno durante la crisis de las vallas de 2005 gastó casi 9 millones de euros en instalar concertinas y también realizó devoluciones de inmigrantes que intentaban entrar a Melilla de manera irregular. No se puede hacer una cosa en el Gobierno y defender la contraria en la oposición como están haciendo los socialistas, a menos que quieran que les señalen como incoherentes con toda la razón del mundo.
