Los investigadores de Iríade Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Novact y Fotomovimiento, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, hicieron público ayer un informe en el que se denuncian las situaciones de vulnerabilidad de derechos humanos que se dan en la Frontera Sur. Incide en las distintas formas de violencia y maltrato hacia las personas migrantes y los menores no acompañados.
Las agresiones injustificadas de las autoridades españolas y marroquíes en el dispositivo fronterizo. La inexistencia de un registro oficial en el que quede constancia de estas situaciones. Las heridas que, según denuncian varias organizaciones con presencia en la Frontera Sur, sufren los migrantes a consecuencia de su paso por el dispositivo «agresivo» de vallado, tales como cortes profundos, fracturas o lesiones musculares graves. Estas son algunas de las vulneraciones que han recogido Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Novact y Fotomovimiento en un informe que se hizo público ayer y que ha sido elaborado tras el paso de estas entidades por Melilla y Ceuta.
Según sostienen, la Frontera Sur se ha convertido en un espacio de aplicación excepcional del ordenamiento jurídico en el que «las vulneraciones de derechos son sistemáticas». Entre otros aspectos, el trabajo denuncia que a los migrantes que solicitan asilo no se les permite pasar a la Península, con la única excepción de las personas de nacionalidad siria.
Desincentivan solicitudes de asilo
«La espera en el CETI es superior para los solicitantes de asilo que para los que no lo solicitan», afirma el informe, en el que se pone de manifiesto que esta situación «desincentiva las solicitudes» y, en consecuencia, «potencia la posibilidad de llegar a la Península en situación de irregularidad administrativa así como ser devuelto al país de origen». Además, las organizaciones investigadoras sostienen que las personas originarias de países del África negra no pueden acceder a estas oficinas: «Distintas organizaciones señalan bloqueos, agresiones y detenciones por parte de la policía marroquí». En consecuencia, la única alternativa que les queda para acceder al territorio español es intentar saltar la valla, según sostienen.
Maltrato a los menores
Las entidades advierten de que los menores no acompañados se encuentran en situación de «especial vulnerabilidad» al llegar a la Frontera Sur. Según apunta, organizaciones locales, nacionales e internacionales llevan años denunciando malos tratos por parte de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado y devoluciones a territorio marroquí.
Asimismo, señala que son frecuentes las denuncias de malos tratos por parte de los funcionarios de los centros de acogida: «Castigos psicológico o físicos, hacinamiento y pésimas condiciones higiénicas son habituales en dichos centros de menores».
Por otro lado, el informe sostiene que, cuando cumplen la mayoría, muchos de ellos quedan en situación de irregularidad administrativa tras «haber salido del circuito de la tutela». Irídia, Novact y Fotomovimiento lamentan que hay casos de ex tutelados que abandonan los centros con la tarjeta extinguida o caducada, por lo que «pasan a ser sujetos potencialmente expulsables del país y en muchas ocasiones caen en la irregularidad antes de poder cruzar a la Península».
Hacia el restablecimiento de la legalidad
Según exponen las entidades investigadoras, para que se restablezca la legalidad en la Frontera Sur es necesario que, entre otros puntos, el Gobierno elimine los elementos lesivos de las vallas de Ceuta y Melilla y se suspenda la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio hasta que el país vecino se comprometa a respetar los derechos humanos de personas migrantes. También reclama el cese de las devoluciones y que se garantice la libertad de movimiento para los solicitantes de asilo. En cuanto a menores, pide que sean trasladados a la Península para evitar la sobreocupación de los centros, además de garantizar con la máxima celeridad la documentación una vez que cumplen la mayoría.
