El presidente del Gobierno local, Juan José Imbroda, defendió ayer que se cambie “completamente” la Ley de Contratos del Estado para evitar que empresas adjudicatarias por ofertas muy bajas respecto al presupuesto de licitación “se pongan en plan chantaje” parando las obras si la Administración no les da más dinero. Imbroda lamentó que con la redacción actual de la Ley de Contratos, las empresas que optan a la adjudicación de obras públicas “pueden ir a la baja que quieran” y demostrar únicamente “en papeles” su capacidad para ejecutarlas, lo que está provocando la paralización de algunas de ellas.
En Melilla, recordó, ha ocurrido ya con la rehabilitación del antiguo Mercado Central como centro educativo multidisciplinar, la construcción del bulevar del Barrio del Real y ahora, con el instituto de Secundaria del Jardín Valenciano, cuya empresa ha pedido al Ministerio de Educación dos millones de euros más para seguir la obra.
Ante esta situación, Imbroda se preguntó qué hacen las administraciones, que además están afectadas por “el paroxismo de que todo el mundo roba y están metidas todas las administraciones, de que aquí cualquier obra es presuntamente algo ilegal para ganar pasta ilegítimamente” en lugar de pensar que “solo son una mínima parte los que lo han hecho”.
Eso ha dado lugar a “un susto generalizado” que agrava la situación, señaló Imbroda lamentando que las administraciones deben elegir entre dar más dinero a las empresas, exponiéndose a detenciones, o negarse y estar expuestas a que las empresas “fastidien” a los responsables políticos y a la sociedad.
“Estamos consintiendo que las obras nos cuesten más dinero y que co el tiempo, paguemos liquidaciones raras, según el tribunal que sea, y la sociedad esté peor servida porque la obra va a tardar más tiempo”, lamentó el presidente melillense, para quien esto es “una desgracia”.
“A ver si empezamos a quitarnos ese paroxismo que nos ha entrado a los responsables públicos y demás y podemos legislar de verdad, con entereza, y decir las cosas como hay que decirlas y hacerlas”, confió Imbroda, abogando por un cambio de legislación que impida adjudicar a las empresas que hagan ofertas muy bajas.
De esta manera, se podrá evitar que “un proyecto bien hecho se le pueda dar a cualquiera y se ponga en plan chantaje de que no hace la obra si no le pagas más, y que se fastidien los políticos y haya presión popular. Y si le pagas, firmas y a la cárcel”, resumió.
Jardín Valenciano
Para evitar eso en el caso del instituto, dijo que el Ministerio de Educación, ante su negativa de dar a la empresa los dos millones de euros extra que pide, tendrá que ir contra la constructora, rescindirle el contrato, sancionarla y “meterse en la procesión itinerante de los juzgados y que sea lo que Dios quiera”.
