El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, calificó ayer como una “situación de extrema urgencia” la que se está viviendo en Melilla por la existencia de menores extranjeros no acompañados (MENA) que se niegan a estar en los centros de acogida y viven en la calle intentando llegar a Europa como polizones en los barcos. Ventura dijo que debido a esta “situación de extrema urgencia”, el Gobierno local tiene previsto volver a habilitar cinco educadores de calle para convencer a estos menores de que la mejor opción no es la calle, aunque el objetivo es triplicar esa cifra cuanto antes.
El consejero de Bienestar Social explicó que su departamento trabajará esta semana en el procedimiento de contratación menor para habilitar dos equipos de educadores de calle compuestos por dos educadores sociales, dos técnicos de integración social y un auxiliar administrativo, que trabajarán durante 47 o 50 días.
Sin embargo, el objetivo es incrementar esos equipos de educadores de calle para que sean 15 repartidos en 5 equipos, algo en lo que el presidente melillense, Juan José Imbroda, “está muy motivado”, según apuntó el consejero de Bienestar Social. Por ello, la Ciudad Autónoma está buscando las fórmulas administrativas que hagan posible llevar a cabo este aumento mediante el procedimiento de contratación menor.
Ventura argumentó esta decisión al señalar que el contrato menor permitiría una mayor celeridad en la gestión administrativa, dada la situación de “extrema urgencia” que hay en este asunto, mientras que si se llevara a cabo mediante el procedimiento normal de contratación, se podría tardar unos 5 meses y “en ese tiempo hay que intervenir” con los menores.
“Demanda social en la calle”
Además, señaló que “hay una demanda social en la calle” porque la presencia de estos niños y jóvenes en la calle provoca una “sensación de inseguridad” entre los melillenses, muchos de los cuales también están preocupados por la situación de estos menores inmigrantes.
El objetivo del programa de educadores de calle es minimizar el número de menores que deambulan por la vía pública y ofrecerles una alternativa a esa “situación de extracentros”, favoreciendo su retorno voluntario a los centros de acogida y “diluyendo” la “sensación de inseguridad” de los melillenses.
De esta manera, las familias de Melilla también podrán sentirse “un poco más tranquilas viendo que pueden acudir no sólo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también a los mediadores, que puedan echar una mano en la calle atendiendo a los menores” en diferentes puntos de la ciudad.
Trabajando “al más alto nivel” en medidas legislativas
La actuación de la Ciudad Autónoma sobre los menores extranjeros no acompañados va más allá de los educadores de calle. Según explicó Daniel Ventura, otro de los objetivos de Bienestar Social es “seguir trabajando al más alto nivel en medidas legislativas” para dar respuesta a la “presión migratoria” que ejercen estos chicos, evitando así el desarraigo de este colectivo de su país de origen y de sus familias, “en consonancia con la normativa europea”.
También recordó Ventura que la Consejería de Bienestar Social ha desarrollado en esta legislatura un reglamento para el acogimiento de menores acogidos en los centros de protección, a cambio de apoyo económico, buscando como fin “minimizar en lo posible el internamiento” de estos menores en centros de acogida residencial dependientes de la Administración.
