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Margarita López saludando a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría
Margarita López saludando a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría (Foto: Archivo)

CEME-Melilla apoya que se haga cumplir la legalidad en Cataluña

La organización que preside Margarita López Almendáriz hace suyo el comunicado de CEOE para respaldar las acciones que lleve el Estado

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La Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) de Melilla ha apoyado que se haga cumplir la legalidad en Cataluña de cara al referéndum ilegal que pretenden realizan el próximo 1 de octubre los independentistas. La organización que preside Margarita López Almendáriz ha hecho este respaldo haciendo suyo el comunicado emitido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con el que se respaldan las acciones que lleve el Estado para hacer cumplir la ley.
CEME-Melilla ha indicado que la junta directiva de la CEOE, reunida este miércoles, ha analizado con "profunda preocupación" la situación creada en Cataluña por la convocatoria del referéndum "ilegal" y ha asegurado que apoya todas las acciones que se consideren necesarias llevar a cabo con el objetivo de hacer cumplir la legalidad vigente.

En un comunicado que ha hecho llegar a este periódico la organización que preside en nuestra ciudad Margarita López Almendáriz, la patronal ha expresado su preocupación por el impacto que este proceso puede tener en la confianza del mundo empresarial e inversor en Cataluña y también en el resto de España, y ha reiterado que los empresarios españoles siempre están "con la legalidad y por el cumplimiento estricto de las leyes y la Constitución española".

También ha defendido la legislación internacional, especialmente de la Unión Europea, al considerar que las leyes nacionales y europeas "son las mejores garantías de la seguridad jurídica imprescindible para la competitividad" de las empresas españolas.

Por todo ello, CEOE ha reiterado que apoya todas las medidas que sean necesarias para que se cumpla la legalidad vigente y ha asegurado que existe un "problema político de gran envergadura", que debe afrontarse con la "mayor urgencia posible y sentido constructivo" para que no afecte a la convivencia social y prosperidad económica.
"La no resolución afectaría negativamente a todos los ámbitos", ha advertido.