Coalición por Melilla (CPM) mostró ayer su intención de dirigir un escrito al Ministerio de Fomento para pedir el “cese inmediato” de Miguel Marín como presidente de la Autoridad Portuaria en la ciudad, debido a que está procesado en el caso Arquitectos, cuyo juicio se empezará a celebrar el 26 de enero de 2018. También enviará un escrito al PSOE, a Ciudadanos (Cs) e Izquierda Unida (IU) para que apoyen esta petición de cese en el Congreso de los Diputados. En rueda de prensa, el portavoz de CPM, Hassan Mohatar, recordó que a Marín se le imputa un supuesto delito de prevaricación en el caso Arquitectos, por lo que consideró que debe “marcharse a su casa, arreglar su situación judicial y si el juez lo declara inocente, que se siga poniendo su chaqueta y su corbata”.
Mohatar dijo no entender cómo el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, no ha cesado ya a Marín, máxime cuando el PP tiene firmado un acuerdo de gobernabilidad con el extinto partido Populares en Libertad (PPL), que le garantiza la mayoría absoluta en la Asamblea en esta legislatura.
En este punto, apeló a Paz Velázquez, única diputada del Grupo Mixto, que se presentó a las elecciones por PPL y que forma parte del Gobierno de Melilla como vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, para que se cumpla el pacto firmado “a cambio de regenerar la vida política”. De lo contrario, “habrá engañado a sus votantes y militantes” porque “Marín tiene que marcharse del Puerto, no puede estar ni un minuto más”.
Para los cepemistas, en el caso de Marín se ha producido un “agravio comparativo” respecto a otros dirigentes populares que también se han visto en la misma situación, como la exconsejera María Antonia Garbín, que ha sido juzgada por el caso Abogados y está a la espera de sentencia, o el exviceconsejero Guillermo Merino, que dimitió hace tiempo por otro caso judicial.
Mohatar dijo que a su partido no le vale el hecho de que Marín sea “el delfín” de Imbroda, tras haber sido designado recientemente secretario general del PP, y criticó su gestión al frente del puerto melillense, donde a su juicio se ha limitado a “ganar 8.000 euros al mes y dar vueltas por la ciudad con el coche oficial”.
