Se conmemora este año la celebración en 1977 de las primeras elecciones democráticas en España tras la finalización de la dictadura franquista, hecho histórico que ya ha comenzado a ser manipulado desde algunos ámbitos políticos y medios de comunicación afines al interpretarlo como el inicio de la transición a la democracia. Nada más lejos de la realidad, pues la transición formalmente se inició con el referéndum de diciembre de 1976, … …desde un punto de vista político, ya que desde un punto de vista social y económico, ésta habría comenzado en la segunda mitad de los años sesenta del siglo pasado. Como el análisis de los procesos históricos de cambio social y político, son difícilmente perceptibles para la generalidad de la población, al abarcar períodos de tiempo muy extensos, podemos centrarnos en aquel referéndum de 1976 que, en Melilla, al igual que en el resto de España, fue favorable al inicio del proceso de cambio político hacia la democracia.
Quienes pensaban que Melilla era una ciudad apegada al franquismo fallaron en sus apreciaciones, en la medida en que la sociedad melillense demostró el mismo grado de compromiso y concienciación democrática que la mayoría de los españoles. Algo parecido ocurrió en las elecciones generales de 1977, momento en que los melillenses acudieron a las urnas sin mayor problema, votando a las dos opciones mayoritarias en aquel momento, la extinta UCD y un PSOE emergente en aquellos años y que, el paso del tiempo, parece haberlo sumido en un proceso de descomposición. Si desde un punto de vista político la transición en Melilla y también en Ceuta, parecía seguir la hoja de ruta propuesta desde el Gobierno, lo cierto es que los nubarrones estaban en trance de ensombrecer aquel proceso de cambio que, en ambas ciudades, no ha acabado de culminar en plenitud, como así manifiestan algunos indicadores poco tranquilizadores.
La transición en Melilla y Ceuta tuvo que hacer frente a varias especialidades que, a modo de condicionantes, sobrevolaron el proceso desde un inicio. Sin duda el más relevante por las implicaciones que tenía en ambas ciudades, en España entera y también en el exterior, en concreto Marruecos, fue el de la defensa de su españolidad. Y ello es así en la medida en que esa españolidad fue cuestionada desde varios ámbitos. Era un tema que había estado adormecido durante el franquismo pero que, en aquel momento, estalló de nuevo con una virulencia inimaginable, al haber condicionado incluso las campañas electorales realizadas en las dos ciudades.
La defensa de la españolidad de Melilla sobrevoló todo el proceso y es un tema que aún no está cerrado en la medida en que numerosos condicionantes actuales siguen reforzando los ataques hacia ese objetivo político que muchos, en un alarde de ignorancia, han obviado conscientemente en estas cuatro décadas de democracia. La defensa de la españolidad de Melilla y Ceuta, asegurada desde un punto de vista jurídico, tanto nacional como internacional, no lo está sin embargo desde un punto de vista político, y ello es así en la medida en que, bien por acción o bien por omisión, los distintos gobiernos de España no han sabido afrontar convenientemente la reivindicación que, desde el exterior, se realiza continuamente sobre la soberanía española de ambas ciudades así como tampoco ha sabido o podido contrarrestar las campañas realizadas en otros ámbitos y que cuestionan esa españolidad. Ciertamente, las medidas adoptadas en Melilla y Ceuta en estas cuatro décadas, trufadas de errores, omisiones, equivocaciones, rectificaciones, anulaciones y transformaciones de ciertas realidades, lejos de equipararnos al resto del territorio nacional, no han hecho sino diferenciarnos cada vez más, complicando un proceso de normalización iniciado en la transición y que, lamentablemente, en las dos ciudades no ha cuajado como debiera.
Las desquiciantes medidas adoptadas en las dos ciudades, todas ellas bajo mandato de unos gobiernos socialistas, entre los años 1982 y 1996, no han hecho más que agudizar unos problemas que ya en el inicio de la transición, habían quedado bien visibles. La incapacidad del otro gran partido gobernante, el PP, para aportar nuevos puntos de vista y nuevas soluciones o alternativas a esos mismos problemas también ha quedado patente durante sus mandatos al frente del gobierno de la nación. Por tanto, seguimos con los mismos problemas, agudizados por el paso del tiempo. Ni el problema institucional, desfigurado a través de un ente territorial no constitucionalizado como es la Ciudad Autónoma, ni el económico, con un régimen especial que no ha solucionado el problema de la pobreza y el desempleo, ni el migratorio, con nuevos contingentes poblacionales llegados a la ciudad, el mayor de ellos el marroquí, ni el problema político, con nuestro especial régimen de control o descontrol fronterizo, ausente del espacio Schengen y fuera de la unión aduanera, ni las relaciones exteriores, con el crónico conflicto con las autoridades marroquíes, nada de ello ha sido solucionado. Pero no habiendo sido solucionados esos problemas, sin embargo sí contribuyen a diluir la idea de la españolidad de ambas ciudades.
La dilución de ese componente político, la españolidad, ha ido acompañado de otro como es el de hispanidad, un concepto éste de tipo cultural no menos importante que el anterior y que, en cierto modo, sirve para reforzar el primero de ellos. Si la responsabilidad en la defensa de la españolidad es máxima por parte de los poderes públicos, la defensa de la hispanidad no es menos relevante en la medida en que depende no solo de ellos, sino también, de la propia sociedad melillense y ceutí y del apego que tengan hacia un concepto que sirve para construir algo tan importante como la identidad de un pueblo. En la dilución de esa hispanidad ha sido determinante la particular concepción de la multicultura que se ha estilado en una ciudad como Melilla. Si bien la multicultura es perfectamente asumible como hecho social, no lo es sin embargo desde un punto de vista ideológico y político, en particular si lo que se pretende es crear un nuevo vínculo identitario e imponerlo a la sociedad desde las instituciones. La importancia de este hecho es crucial por cuanto desde algunos círculos pro marroquíes, se ha insistido en la necesidad de sustituir la identidad hispana por algo tan amorfo y abstracto como la identidad multicultural, así sin más, con la finalidad de facilitar un entendimiento con Marruecos para dar solución al ’problema’ de Melilla y Ceuta. La cuestión no es por tanto baladí y requiere una reflexión y análisis profundo que nadie se ha molestado en realizar. La defensa de la españolidad de Melilla va unida por tanto, intrínsecamente, al de su hispanidad, con independencia de los rasgos culturales propios que puedan tener las distintas comunidades que conforman la sociedad melillense y éste debería ser un aspecto consensuado entre todas las formaciones políticas de la ciudad.
Nos queda un último aspecto que no por evidente, deja de ser relevante. Y es que se ha intentado obviar conscientemente durante estas cuatro décadas de democracia en lo que, sin duda, supone un error estratégico de distintos gobiernos. Me refiero a la espinosa cuestión de las relaciones con Marruecos, mal contenidas desde la independencia del país en 1956. La firmeza que deberían haber adoptado los gobiernos de la nación frente al irredentismo marroquí no ha sido tal. Una declaración sobre la españolidad de ambas ciudades, Melilla y Ceuta, no es suficiente si luego se desarrollan políticas que quiebran ese mismo principio, debido entre otros motivos, a esas presiones que ha ejercido el reino alauita sobre nuestro país. El calamitoso régimen de gestión fronteriza es un buen ejemplo, en parte porque fue Marruecos quien presionó a España para dotarlo de una especificidad que indiscutiblemente, beneficia al reino alauita más que a Melilla o Ceuta. Hay más ejemplos, la inmigración, la delimitación del mar territorial, la gestión de ciertos servicios públicos como el sanitario o el comercio transfronterizo, entre otros.
Defender la españolidad de Melilla y Ceuta requiere hacer frente a esos problemas que acucian a las dos ciudades todos los días del año. En el fondo, lo que se ha puesto en juego en estas cuatro décadas han sido dos opciones, o bien condicionar las relaciones con Marruecos a la defensa de los intereses de ambas ciudades o lo contrario, supeditar esos intereses al mantenimiento de unas ‘estables’ relaciones con el reino alauita. De momento ha triunfado la segunda opción y es en esa tensión permanente entre ambas en la que se ha movido siempre la actuación de los gobiernos de España. La primera manifestación que realizaron los melillenses tras la muerte de Franco fue en 1976 y con una motivación muy clara, en defensa de la españolidad de la ciudad. Los melillenses siempre tuvieron claro cual era el objetivo a defender en ese nuevo período político que se inició en diciembre de aquel año con el referéndum para la reforma política. Lamentablemente, ese interés nunca ha sido bien interpretado por los gobiernos de la nación al considerar, en un alarde de ingenuidad, que los intereses de Melilla y Ceuta estaban bien defendidos en el marco de esa tormentosa relación mantenida con Marruecos que, de hecho, no ha generado más que problemas a las dos ciudades en estas cuatro décadas.
