La asociación Prodein ha presentado un escrito en la Fiscalía de Melilla para instarle a que actúe ante la existencia de “cientos de menores” en Melilla que están sin escolarizar al haber sido rechazados en los centros educativos “por determinadas situaciones administrativas que no les son favorables”. Para Prodein, que presenta este escrito en nombre de una veintena, ese hecho “no justifica la falta de escolarización” de estos chicos, algunos de los cuales “sufren ya un retraso en su escolarización de más de un curso”. El escrito, firmado por el presidente de Prodein, José Palazón, fue presentado en la Fiscalía el 27 de septiembre, coincidiendo con la advertencia que la Fiscalía de Menores hizo a la Generalitat por la presencia de escolares en manifestaciones a favor del referéndum de Cataluña.
Palazón no pasó por alto esta coincidencia, y en su perfil de Facebook, hizo una reflexión al respecto, en la que sacaba como conclusión que la intervención de la Fiscalía en Melilla “es inexcusable”, al contrario que en Cataluña por “la posible ausencia a clases de los menores de aquella comunidad”.
“Francamente creemos que lo que pudieran estar haciendo los menores catalanes debería ser considerado una práctica educativa ciudadana que se debe fomentar incluso, y no lo que están considerando en el escrito. Lo de Melilla es exactamente lo contrario, menores sin escolarizar que quieren estar en el colegio y no les dejan”, señaló Palazón.
La Fiscalía en Cataluña
El presidente de Prodein aportaba en su reflexión una copia del oficio del fiscal de Sala Coordinador de Menores, Javier Huete Nogueras, y que ha sido remitido a las Fiscalías de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona para que éstas se lo hagan llegar a la Consejería de Educación “ante las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación” de que menores de edad están solicitando en sus respectivos centros de enseñanza autorización para no asistir a clase con el fin de participar en manifestaciones.
El Ministerio Público avisa en su escrito a la Generalitat de que “en el ejercicio de las funciones de protección que tiene legalmente encomendadas” ante la “posibilidad de que los hechos deriven en situaciones de riesgo para los menores”.
Por ello, reclama a la Consejería de Educación que proceda a “llevar a cabo un seguimiento individualizado de cada caso”, incoando para ello un “expediente de riesgo”. Además, le pide que recuerde a los centros educativos bajo su competencia que “no se les exime de obligaciones de custodia a los menores”.
“Requerir a la consejería a fin de que recuerde a los centros de enseñanza bajo su competencia que, incluso cuando cuenten con la autorización de los padres, y con mayor razón aún si no consta la misma, la comunicación de la asistencia de menores a concentraciones o manifestaciones no les exime de las obligaciones de custodia de los menores”, explica el oficio.
También advierte de que el hecho de que los niños informen de su no asistencia a clase “no es causa de justificación que exima ni a los padres o tutores ni a los centros escolares de la responsabilidad civil por los daños materiales o personales que puedan causar los menores o que pueden causarse a los mismos con motivo de su participación en concentraciones o manifestaciones”.
