Coalición por Melilla (CPM) pidió ayer a la Ciudad Autónoma que ponga en marcha un Plan de Vivienda para familias en riesgo de exclusión social, debido a la elevada demanda de VPO que existe en Melilla y la falta de capacidad de la empresa pública Emvismesa para absorber “las listas de espera enormes” que hay. “Aunque en Melilla no haya familias durmiendo en portales o cajeros, como dijo el consejero, si hiciéramos un censo de las familias que hay sin vivienda o sin una vivienda digna nos alarmaríamos”, aseveró la vicepresidenta segunda de la Asamblea y diputada cepemista, Dunia Almansouri. Ante esta situación, CPM “rescató” ayer dos propuestas de su grupo parlamentario para llevar a cabo este Plan de Vivienda para familias en riesgo de exclusión social. Dos medidas que, si bien el Gobierno local las considera de difícil cumplimiento, los cepemistas creen que se pueden llevar a cabo aunque requiera “esfuerzo y trabajo”.
La primera es firmar un convenio con el Ministerio de Defensa para que viviendas militares que actualmente están vacías e incluso tapiadas puedan ser alquiladas a familias desfavorecidas a un precio asequible, en función de sus ingresos.
“No nos explicamos cómo puede haber viviendas públicas tapiadas cuando hay familias a las que la casa se les cae encima”, lamentó Almansouri.
La segunda propuesta es que la Ciudad Autónoma ayude a acondicionar viviendas privadas que no tienen cédula de habitabilidad por no cumplir unos requisitos mínimos, y a cambio sus propietarios estén obligados a alquilarla a familias desfavorecidas, a las que la Administración subvencionaría parte del alquiler.
CPM defiende la necesidad de este Plan de Vivienda y señaló que en otros lugares, como Málaga, se ha puesto en marcha con una inversión no demasiado elevada. En 2016, en aquella ciudad destinaron 750.000 euros a un plan en el que el alquiler de estas familias cuesta entre 75 y 150 euros.
Alojamiento alternativo
Almansouri hizo esta propuesta después de que CPM haya comprobado el “grave problema” que se está dando con el alojamiento alternativo, ya que el nuevo reglamento establece un plazo de 15 días, con una prórroga de otros 15, para que las familias desfavorecidas puedan encontrar una vivienda de alquiler.
“¿De qué forma se puede hacer eso?”, se preguntó la diputada de CPM, convencida de que con el endurecimiento de las condiciones para acceder a las ayudas sociales, la situación de pobreza en Melilla empeorará de forma considerable en los próximos años.
