El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defenderá este miércoles 8 de noviembre en el pleno del Senado la toma en consideración de una proposición de Ley para acabar con las devoluciones sumarias también conocidas como “devoluciones en caliente.
El texto, que previsiblemente será rechazado con la mayoría del PP, plantea derogar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que es la que permite esta práctica.
Igualmente, contempla modificar la redacción de varios artículos de la actual Ley para garantizar que las personas interceptadas en las vallas y aguas territoriales españolas de Ceuta y Melilla “tengan derecho en todo caso a formalizar solicitud de protección internacional así como a acceder a todos aquellos instrumentos legales reconocidos en la legislación”.
La ONU ha pedido recientemente a España que cese la práctica de entregar sobre la marcha a Marruecos a los inmigrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla. Se trata del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU quien, tras girar una visita a España entre el 15 y el 26 de octubre, ha instado al Estado “a no realizar devoluciones sumarias conocidas como ‘devoluciones en caliente’ sin una evaluación previa e individualizada sobre el riesgo de tortura al retornar a su país de origen”.
Además, el pasado 3 de octubre Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España a pagar 10.000 euros a dos inmigrantes a los que devolvió en la valla de Ceuta por entender que el procedimiento había violado el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
La sentencia conocida hace un mes se centra en el caso de dos inmigrantes subsaharianos que, tras pasar varias horas encaramados a la valla de Melilla, fueron interceptados y entregados a las autoridades marroquíes, sin que se les ofreciera un intérprete total y como establece el Convenio Europeo, y sin que tan siquiera se registraran sus nombres. El ministerio del Interior ha avanzado que estudia la sentencia para decidir si la acata o la recurre.
En España, la Oficina del Defensor del Pueblo, así como organizaciones de defensa de derechos humanos, también han criticado esta práctica y pedido cambios.
