La Audiencia Provincial de Melilla tiene previsto retomar este lunes, a partir de las diez menos cuarto de la mañana, el juicio a una supuesta red de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes formada por 13 acusados para los que se piden un total de 86 años de cárcel y 205 millones de multa. Entre los enjuiciados hay 7 empleados de una sucursal bancaria de Melilla, a los que la Fiscalía acusa de haber ayudado a esta red a burlar la Ley de Prevención de Blanqueo y las normas internas del banco. El pasado 8 de noviembre arrancó el juicio con las cuestiones previas, donde todas las defensas coincidieron en solicitar la anulación de las escuchas telefónicas.
Los abogados de los acusados por pertenecer a una supuesta red de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, que desde el 8 de noviembre comenzaron a ser juzgados en la Audiencia Provincial con sede en Melilla, para los que se piden un total de 86 años de cárcel y 205 millones de multa, solicitaron al tribunal que declare nulas las escuchas telefónicas porque no quedarían probadas su fidelidad, las mismas se habrían realizado de forma prospectiva (a futuro), sin comprobar si las traducciones del «shelja» al español serían correctas y sin declarar fecha de finalización, a un total de 37 números de teléfonos pertenecientes a 12 personas.
Los letrados también pidieron la nulidad del proceso por vulneración de un proceso de garantías e igualdad, al señalar que no se entregaron los originales y las copias de las actuaciones, no se incluyeron las grabaciones transcritas y hubo falta de control judicial de las mismas.
Los jueces que conforman la Audiencia Provincial podrían dar a conocer hoy mismo su decisión sobre estas peticiones o esperar al final de un proceso que tendrá sesiones hasta el próximo 21 de junio de 2018.
Los hechos se remontan al año 2010 a raíz de unas anteriores escuchas a un matrimonio al que se investigaba por narcotráfico.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, el dinero procedía del «tráfico de hachís a gran escala» que supuestamente llevaban a cabo dos hermanos, Mimoun A. y Mohamed A., y con el que lograron «ingentes cantidades de efectivo en euros».
Ambos tenían como testaferro a un tercer hermano, Baghdad A., quien les había comprado sus respectivas casas en el Real y en el Barrio de la Libertad, y que llegó a sacarlos de la prisión preventiva en la que se encontraban tras su detención el 23 de febrero de 2010, tras pagar 60.000 euros por cada uno de ellos. Tres años más tarde también él sería detenido e ingresado en prisión, de la que salió el mismo día por una fianza de 85.000 euros.
La Fiscalía relata en su escrito, de 19 folios, cómo Mimoun A. y Mohamed A. procedieron, presuntamente, a «lavar el capital obtenido» a través de un entramado empresarial, integrado por varias entidades mercantiles, algunas de ellas ubicadas en la provincia de Barcelona.
Para ello, contaron con la participación de Abdelaziz O., que figuraba como apoderado y administrador de dos de las empresas, y a quien la Fiscalía acusa de «aleccionar» a uno de los hermanos «acerca del lavado de su capital, a sabiendas de la actividad ilícita a la que se dedicaba Mohamed A.». También lo señala como el autor de la transferencia de 11 vehículos de alta gama de una empresa a otra tras la detención e ingreso en prisión provisional de Mohamed A. «con ánimo de eludir una acción confiscatoria».
Siete empleados de una sucursal bancaria entre los enjuiciados
Entre los 13 acusados en este procedimiento judicial hay 7 empleados de una sucursal bancaria de Melilla, concretamente el director, la gestora de negocios, la directora comercial y el gestor operativo y tres cajeros. La Fiscalía detalla en su escrito de acusación cómo estos siete empleados del banco actuaron con «connivencia, beneplácito, condescendencia e ignorancia deliberada» para que la red de blanqueo de capitales consiguiera «materializar sus objetivos» burlando la Ley de Prevención de Blanqueo y las normas internas del banco.
