La Asamblea de Melilla aprobó ayer cuatro reconocimientos extrajudiciales de crédito para abonar cerca de una treintena de facturas de años atrás, aún pendientes de pago por parte de la Ciudad Autónoma, por las que adeuda 382.131,23 euros a proveedores de servicios y suministros. Los votos de PP y Grupo Mixto permitieron sacar adelante estos cuatro reconocimientos extrajudiciales, sobre los que Coalición por Melilla (CPM) votó en contra, mientras que el PSOE se abstuvo en dos de ellos y Ciudadanos (Cs) en uno, votando a favor en otro. Uno de los dos reconocimientos que no se encontraron el rechazo en bloque de la oposición alude al pago de unos premios escolares de Sanidad y Consumo, por un importe de 12.675 euros, sobre el que Cs votó a favor por considerarlo “razonable”. El otro se refería al pago de 3.000 euros del premio de una regata de la Semana Náutica, en el que PSOE y Cs se abstuvieron.
Pese a esa mayor comprensión de la oposición en dos de los reconocimientos extrajudiciales, los tres grupos de la oposición se mostraron muy críticos con el Gobierno por llevar facturas atrasadas al Pleno de la Asamblea. Los tres partidos consideran que recurrir a este mecanismo se ha convertido en “una tónica general” que demuestra una mala gestión del dinero público.
CPM, PSOE y Cs puntualizaron que no se oponen al pago de estas facturas a los proveedores, porque entienden que corresponden a un servicio que se ha prestado, pero sí argumentaron que no pueden apoyar lo que consideran una “mala praxis” por parte del Gobierno.
Los cepemistas fueron más allá al asegurar, incluso, que algunas de las facturas cuentan con reparos de la Intervención, algo que negó posteriormente la consejera de Hacienda, Esther Donoso, que insistió en que estos reconocimientos son mecanismos “completamente legales” y no son una “tónica general”.
Porcentaje “ínfimo”
El portavoz del PP, Daniel Conesa, también había ahondado minutos antes en esos argumentos, agregando que las facturas que no son abonadas en su ejercicio económico correspondiente representan un “porcentaje ínfimo”, de apenas un 1 o 2%, de manera que si la oposición cree que estas son una mala gestión, significa que el 98% restante “son una buena gestión”.
Conesa mostró su desacuerdo con la postura de la oposición de “demonizar” los reconocimientos extrajudiciales de crédito, cuando es una herramienta “absolutamente legal y está ahí para utilizarla”. También discrepó respecto a que la oposición vea bien que se utilice para unas facturas, “pero para otras no”.
“Sabemos que eso es totalmente legal, pero ojalá no existiera”, apuntó Rojas en su turno de réplica, un argumento que también utilizó el portavoz de Cs al recordar al Gobierno que “legal también es pagar las facturas en tiempo y forma”, por lo que reclamó al PP que no use la demagogia insinuando que la oposición no quiere que se paguen las facturas, ni tampoco “desperdicie el dinero disparando con pólvora del rey”.
