El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado en el marco del Pacto Antiterrorista convocado este miércoles que impulsará una batería de medidas consensuadas con el resto de partidos políticos para mejorar el control en fronteras con cambios en la ley de extranjería que “eviten vacíos legales como el que impidió la repatriación tras salir de la cárcel de Castellón del imán de Ripoll”, cerebro de los atentados de agosto en Cataluña. Entre las once medidas legislativas y la “novedosa” instrucción de la Secretaría de Estado se incluye la creación de un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan en viviendas o alquilan vehículos de motor, así como mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos, con especial atención para que el “tráfico ilícito no financie actividades terroristas”.
La intención de Zoido es que “a lo largo del próximo año vean la luz la mayoría” de estas reformas legislativas que están ya “preparadas o en fase de conclusión”, lo que implica aprobación de leyes orgánicas o transposiciones de normativas europeas para mejorar la eficacia en otros aspectos como el control de pasajeros de aviones o para “identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas”.
Zoido ha anunciado que se conformará un grupo de trabajo para las reformas legales basadas en una “muy novedosa” instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, en concreto de Pérez de los Cobos, con recomendaciones “pormenorizadas” para hacer frente a la amenaza yihadista por parte de cuerpos policiales, corporaciones locales o miembros de la seguridad privada.
Ley de seguridad e imanes
El Gobierno propondrá la obligación de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos de motor. También contempla un “reforzamiento” de las medidas de protección contra el terrorismo incluidas en la Ley de Protección Ciudadana, así como distintas medidas relativas a los llamados ministros de culto de las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
Aunque sin citarlo explícitamente, Zoido se ha referido a diferentes cuestiones estudiadas por el CITCO para mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista tras el atentado en Cataluña, donde se alquilaron varios furgonetas y se utilizó la casa de Alcanar como laboratorio para fabricar el TATP (o madre de Satán), usando bombonas de butano. Otro de los aspectos más polémicos es si el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, era confidente policial y cómo pudo captar a los jóvenes que perpetraron la acción criminal.
El ministro ha presentado una propuesta para modificar el Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo para mejorar el control de bombas de butano, así como la necesidad de abordar la nueva Ley General Penitenciaria y “algunas otras reformas para dotar de mayor eficacia a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Zoido ha evitado polémicas sobre la invitación de partidos observadores, reclamando el apoyo “sin fisuras” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el proceso de mejora de sus condiciones laborales “para solucionar desequilibrios históricos” porque, según él, “lo merecen por su trabajo diario para anticiparse al terrorismo y evitar atentados”.
El ministro ha asegurado que se ha inspirado en lo que ha llamado “las cuatro P”: prevención, protección, persecución y preparación. “Solo debe haber un mensaje claro, único y sin fisuras de que la sociedad española y nuestro Estado de Derecho van a conseguir derrotar al terrorismo”, ha afirmado al término de una reunión de trabajo a la que también ha asistido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
